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Democracia simulada

La urgencia que tiene el gobierno de aprobar la leyes secundarias en materia energética, con las cuales apuesta a que mejore la economía y se consolide su prestigio, lo está llevando a dos errores políticos graves: a manipular los procedimientos parlamentarios para cancelar la posibilidad de un debate genuino en el Congreso y a imponer una concepción política donde la mayoría todo lo puede hasta el punto de violar la ley.

Es un error político porque no era necesario llegar a esos extremos para conseguir su fin; y porque aun consiguiendo éste, lo debilitarán. Lo que la mayoría está haciendo en el Senado es un acto de prepotencia. Si su objetivo es aprobar las leyes que abren el petróleo y la electricidad a la inversión privada, lo podrían lograr con relativa facilidad al contar con la definición constitucional que la permite, tener el respaldo de una campaña publicitaria sin precedente y al haber logrado un control sorprendente de los medios. ¿Para qué violentar el debate si no era necesario para lograr la aprobación de las leyes?

La concepción que tiene el actual gobierno sobre el funcionamiento de las mayorías y el Estado está equivocada. Solamente es defendible dentro de una concepción autoritaria. En un Estado constitucional, las mayorías toman decisiones pero no pueden violar la ley ni los derechos de los demás. Además, la separación de Poderes se concibe como un valor que fortalece a la democracia y no como un obstáculo. La oposición es incómoda, pero necesaria para contener los excesos del gobierno y evitar las exclusiones políticas. La regla de oro es que quién hoy es gobierno puede ser después oposición y que conviene que la oposición se desarrolle y se vuelva responsable para que cuando sea gobierno respete las normas.

La mejor garantía para la funcionalidad de la norma es que en el proceso de toma de decisiones no se incurra en la exclusión que, invariablemente, conduce al descrédito del debate y a los extremismos políticos.

La línea política excluyente que se ha impuesto ha llevado a penosos episodios. Los presidentes de las comisiones convinieron un procedimiento violatorio del reglamento del Senado y lo impusieron. Llegaron al absurdo de sostener que había quorum cuando en la sala se contaban los senadores con los dedos de la mano diciendo que anteriormente habían firmado. Cuando se solicitó la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, asumieron el papel de jueces inquisitorios sobre el actuar de sus propios pares en el parlamento. Sólo en un estado autoritario, un órgano es juez de sus actos y los valida por sí y ante sí.

Sería muy grave que en una situación como la que vive México, donde ha crecido el malestar social y la legitimidad de las instituciones democráticas está cuestionada, se pretendiera convertir a nuestra democracia en un régimen puramente formalista, donde la legitimidad desaparece y todo se justifica o por un formalismo hueco, o cuando ni éste es suficiente, violentando la norma.

La reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 ya había representado un cambio en las decisiones políticas fundamentales del pueblo mexicano. Un cambio de fondo en el Estado. Un motivo de confrontación. Pero la insensibilidad política ha llevado a algo peor: a un régimen de formas en el que los derechos y la esencia de la Constitución pueden ser atropellados por una mayoría legislativa circunstancial que dice contar con un mandato popular para tomar decisiones.

La democracia que queremos —que incluso le es funcional a los inversionistas— es una que otorgue a todos la certeza de que hay límites que ninguna mayoría podrá sobrepasar a menos que cuente con un consenso social de mayor profundidad. El gobierno sabe que no lo tiene, y por eso se opone tanto al debate, e incurre en los errores políticos que se han evidenciado en el Senado.