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Derecho a la verdad

A la memoria de Adolfo Suárez, quien desmontó el régimen autoritario y pactó la transición.

Nuestro país no termina por resolver ninguna de sus grandes crisis por la dificultad inherente que ello representa y porque en la mayor parte de los casos no hemos tenido la capacidad de esclarecer lo ocurrido, como paso necesario para reducir la impunidad y evitar que situaciones semejantes se repitan. Ahí están los casos: el 68 y el 71, las crisis económicas, las elecciones cuestionadas, los actos de corrupción en gran escala, los crímenes. Si no encontramos una vía para levantar el derecho a la verdad como responsabilidad pública y convicción social, difícilmente mejoraremos la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones. ¿Cómo pueden mejorar la seguridad, el crecimiento de la economía y la convivencia social si no se prestigian las instituciones?

En otros países el problema se ha resuelto creando comisiones de la verdad, decretando amnistías generales, o pactando, como se hizo en España y en Sudáfrica, un cambio de régimen donde el compromiso con las futuras reglas democráticas permitió cerrar las heridas del pasado.

Si en México no logramos avanzar en establecer el derecho a la verdad y en volverlo una práctica generalizada, seguiremos pasando de crisis en crisis, lo que generará mayor irritación social, con el consecuente debilitamiento de las instituciones. Es esta debilidad institucional la que en buena medida explica los reiterados fracasos y oportunidades perdidas.

Un sistema democrático descansa, de manera fundamental, en la autoridad y credibilidad que tienen sus instituciones entre los ciudadanos. Una democracia será más sólida y vigorosa en la medida en que los ciudadanos puedan conocer la historia real de los momentos difíciles. La adecuada solución de sus crisis depende del esclarecimiento de la verdad, del aprendizaje que se obtenga y de la capacidad de prevención que la sociedad y las instituciones desarrollen a partir de la experiencia que se vaya acumulando en la solución de sus conflictos.

El reconocimiento del derecho a la verdad y su eficacia producen múltiples beneficios para un régimen democrático. Prestigia a la autoridad. Genera conocimiento para evitar que esos sucesos se vuelvan a repetir. Contribuye al fortalecimiento de la norma y la cohesión social.

Diversas prácticas autoritarias que causaron violaciones graves a los derechos humanos dieron lugar a que el constitucionalismo moderno, principalmente en América Latina, construyera en varias constituciones un reconocimiento normativo del derecho fundamental a la verdad y el desarrollo de su garantía judicial.

Corresponde a toda la sociedad la exigencia común de que se conozca cómo se actuó. Si el Estado democrático y social de derecho se caracteriza por la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, es claro que la violación del derecho a la verdad es una cuestión que afecta a las víctimas y a sus familiares, pero también a toda la sociedad mexicana.

Para alcanzar su eficacia normativa es necesario que establezcan garantías necesarias que aseguren su pleno respeto y observancia. Por eso es necesario establecer una serie de obligaciones a cargo de las autoridades legislativas, administrativas y judiciales para que al ejercer sus funciones garanticen la eficacia de ese derecho.

Insertar el derecho a la verdad y su garantía en nuestra Ley Fundamental es incorporar esa libertad pública dentro de nuestra nueva sistemática constitucional vigente a partir de la reforma al artículo primero.

Hay maneras de hacerlo sin poner en riesgo a la democracia. Se necesita del apoyo y el compromiso de todas las fuerzas políticas. Ahí está la experiencia de España y de varios países de América Latina. La iniciativa correspondiente de reforma constitucional será presentada en el Senado de la República en los próximos días. Su aprobación –con los ajustes necesarios– llevaría a una victoria colectiva.

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