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Desafíos sin precedentes

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL

Mas allá de las condenables y brutales consecuencias cometidas por autoridades policiacas tratando de impedir la segunda e insólita manifestación de cientos de personas pidiendo la liberación de Joaquín Guzmán Loera y deben ser a la vez que investigadas, castigadas, el asunto esconde aristas verdaderamente escandalosas y sumamente graves para la estabilidad social y la gobernabilidad de Sinaloa.

No se trata de una expresión pública cualquiera ni espontánea, buscando una causa justa y legal, sino de la manipulación de una turbamulta provocadora que por lo que se ve, está a punto de lograr su propósito: sacar de sus casillas al gobierno para crear un ambiente de justificación moral al movimiento, cuyos efectos, la verdad nadie desea.

Eso es por un lado, porque por otro, en lo que se interpreta como una acción ya no tan oculta, es evidente el franco desafío de un poder fáctico al instituido que en su angustia por deslindarse de un estigma que lo viene persiguiendo desde aún antes de iniciar el sexenio, arremete con reacciones imprudentes e irresponsables.

Realmente la historia política ni social contemporánea registra un reto similar y tan abierto como el que han lanzado los poderes fácticos que ya nadie puede negar existen en la entidad y hasta el que tiene visos de convertirse en un estado dentro de otro estado.

Por lo que se aprecia, si sigue el estado de cosas que prevalecen desde el sábado anterior cuando se convocó con importantes grados de aceptación a la primera marcha a favor de la liberación del personaje de moda, habría que decir que sólo un hilo muy delgado está separando la reacción limitada a la que debe sujetarse el gobierno y sus brazos represivos, de una desatada violencia cuyas consecuencias serían terribles.

Ciertamente el poder constituido aún con toda y las facultades legales que le asisten para restablecer el orden y el estado de derecho que parecen habérsele escapado de las manos al gobierno de Sinaloa, enfrenta un escenario de desventaja.

Definitivamente sus acciones debe encuadrarlas a la legalidad y respeto a las garantías individuales para procurar evitar atropellos y abusos como los registrados el sábado, mientras que la otra parte, si se le orilla, no estamos seguros que respondería con la misma prudencia a la que están obligadas las autoridades.