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Desarrollo municipal: que paguen los que deben

POLITEIA

Hace no muchos días, el alcalde de Culiacán sorprendió a la opinión pública con una catilinaria dirigida a "pudientes" que teniendo de sobra recursos para cumplir con sus responsabilidades ciudadanas de pagar impuestos y contribuir al desarrollo social y material de la vida comunitaria, eludían su compromiso haciendo más visible la penuria financiera de las haciendas locales y su incapacidad para asegurar una adecuada provisión de bienes y servicios a la población.

Pareció una bravata, una baladronada obligada por las circunstancias, para pintar raya frente a poderosos grupos locales, fincatenientes y dueños de un vasto poder económico, político y social en el territorio municipal. Es vieja, al fin y al cabo, esta red de complicidades circulares entre los gobiernos locales y quienes tienen los medios y recursos para contribuir a la captura de las instituciones, de tal modo que sus intereses no se vean afectados.

Digamos también que fue un discurso, el del alcalde, alejado de lo políticamente correcto, es decir, un lenguaje inusual entre agentes de la política que han alcanzado un arreglo institucional que ha propiciado durante décadas la reproducción del poder sin rupturas ni sobresaltos. Dicho en otros términos, la alocución presidencial estuvo lejos de un lenguaje atemperado, aunque tampoco hubo margen para la crispación y la polarización.

Pero el asunto no quedó ahí. El alcalde ha vuelto a la carga, y parece que va en serio. Esa es una buena noticia, porque pondría fin a esa especie de connivencia que en el ámbito de la vida municipal ha marcado históricamente las relaciones entre los factores reales de poder con las autoridades locales. Y no se trata de crispar el ambiente, sino de hacer que cada quien cumpla con las responsabilidades que se tienen contraídas.

Según información recogida por algunos medios locales, la deuda por el "no pago" del impuesto predial urbano ronda en los dos mil millones de pesos, una parte importante de los cuales corresponde a esos contribuyentes "pudientes", y sobre los cuales el gobierno municipal ejercerá presión mediante procedimientos de embargo, que empezarán a aplicarse a partir del próximo mes de abril.

El gobierno local no puede ni debe quitar el dedo del renglón, aunque creo que debería evitar un ambiente de tensión con un discurso conciliador. Ahí está la posibilidad de sanear las finanzas públicas municipales, eliminar el déficit y disponer de recursos propios para modernizar la infraestructura y mejorar las condiciones para la expansión de las actividades productivas.

No olvidemos que Culiacán es uno de los municipios del país con más alto nivel de endeudamiento. Ocupa, de acuerdo con la información de uno de los más connotados municipalistas del país, David Colmenares, el lugar 11, con una deuda total de 838.4 millones de pesos, después de los municipios de Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Cancún, Hermosillo, Zapopan, Nuevo Laredo, Mexicali, San Nicolás de los Garza y León.

Recuperar la mitad de la deuda acumulada por el impago del predial permitiría pagar la deuda municipal y liberar cuantiosos recursos para el desarrollo local. Ahí reside la importancia estratégica de la iniciativa gubernamental.

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