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Despojo consumado

Las leyes que ha aprobado una mayoría sorda e indiferente a todo argumento, ha consumado el despojo de los hidrocarburos, la electricidad, los recursos minerales, las tierras, el agua y los bosques de la nación, a lo que se suma la conversión de los pasivos de Pemex en deuda pública, que habremos de pagar todos los mexicanos, para el saneamiento de esta empresa que pasará a manos de las trasnacionales y de la oligarquía mexicana; beneficiarios de la renta petrolera y eléctrica.

Se ha roto el pacto social que cohesionó a los mexicanos tras el Constituyente de 1917 y se ha desmantelado la rectoría del Estado, sometiendo a México al culto al mercado; al interés privado sobre el público; al yo sobre el nosotros.

Se derrumbó el significado histórico del primer acto soberano de nuestra nación ante el mundo: la expropiación petrolera, y se anuló la capacidad de autodeterminación de nuestro país para aprovechar sus recursos productivos para el beneficio común.

Se ha declarado como preferente la industria de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad económica (al igual que durante el Porfiriato cuyo abuso fue una de las causas que llevaron a la expropiación), lo que entraña la afectación al derecho de la propiedad pública, privada y social, al establecer como utilidad pública los negocios privados.

La eliminación de la figura de expropiación en la ley de hidrocarburos y la incorporación del concepto de ocupación temporal profundiza el despojo y el engaño. La expropiación de tierras ejidales y comunales para la explotación de hidrocarburos prevalece en la ley agraria, en tanto la ocupación temporal permitirá el saqueo indiscriminado de la riqueza de las tierras que hoy son patrimonio de miles de familias mexicanas y que, si algún día son devueltas, carecerán de valor.

En 2005, los poderes federales coludidos con el PAN y el PRI, se desgarraron las vestiduras para defender la utilidad pública para justificar toda expropiación, lo que condujo al desafuero de López Obrador, a quien se acusó de abuso de autoridad tras haber expropiado un terreno para abrir una calle de acceso a un hospital. Hoy en nombre de la modernización, usando la misma retórica y los viejos clichés que justificaron la inútil privatización de los bienes de la nación durante las últimas décadas, se declara de utilidad pública la entrega de los recursos del país a una minoría privilegiada.

Son los mismos que en 2006 instrumentaron la guerra sucia en los medios de comunicación, cuando se inventó que, de ganar la Presidencia, despojaríamos a los sectores medios de su patrimonio familiar para entregárselo a los pobres, y que hoy legalizan el despojo de la propiedad de miles de familias para negocios privados. Se trata de una derecha conservadora e hipócrita que ha impuesto una reforma, reminiscencia del Porfiriato, que representa el verdadero peligro para México.

La creación de la Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente es un buen ejemplo. Se trata del pago de favores políticos al Partido Verde que, además de crear una burocracia onerosa, generará duplicidad de funciones e invadirá competencias de otras instituciones, erigiéndose en el principal especulador inmobiliario y depredador de los usos del suelo. Llegando al extremo de que podrá autorizar el manejo forestal o el cambio de uso del suelo forestal en las áreas ya concesionadas.

Quien legisla en beneficio propio o el de una casta traiciona la soberanía popular que dice representar. La derecha, al igual que el capital, no tiene memoria, no tiene historia ni valores, tiene intereses. Aunque hay que asumir también que la ingenuidad de un sector de la izquierda al colaborar con el Ejecutivo Federal y la fragmentación de esta corriente política, les allanó el camino. En las urnas, en la consulta popular de 2015, el pueblo fijará su posición.

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