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Opinión

Dictadura perfeccionándose

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Por: Felipe Díaz Garza

El primero de septiembre, junto con su Segundo Informe, el presidente Peña Nieto mandó al Congreso, con condición de preferente, la iniciativa para la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que pretende garantizar los derechos de todos los menores de edad.

Además, según el abogado del presidente, Humberto Castillejos, el Sistema Nacional de Protección en que se transformará el Sistema DIF Nacional, retomará políticas sociales, como la Cruzada contra el Hambre, para incorporar a la niñez y adolescencia dentro de sus ejes de acción.

Sintéticamente, este ordenamiento regulará la protección a los derechos de los menores, nacionales o extranjeros, con predicados como el reconocimiento de "nuevos derechos para los niños migrantes no acompañados, como servicios y asistencia médica, psicológica y jurídica, instalaciones adecuadas y que se las garantice la asistencia consular", señaló el Presidente.

Otro punto clave de este proyecto de ley es que combatirá el bullying al establecer sanciones económicas hasta por 3 mil salarios mínimos a los adultos que teniendo conocimiento de estos hechos no los impidan.

Muy bien que se proteja a los menores, propios y extraños, y mejor que sus derechos sean claramente establecidos e identificados claramente las instancias responsables de garantizarlos.

Pero el barco a la vista llamó la atención de los oportunistas. Uno de ellos seguramente mal aconsejó al presidente, haciéndolo convertir un proyecto legal de avanzada de un gobierno democrático en un instrumento retardatario de manipulación aviesa de la verdad y de represión.

Resulta que, como torpedos bajo el agua, la iniciativa contiene artículos que coartan las libertades de prensa y expresión y promueve castigos contra la prensa hablada y escrita, como lo advirtió en un comunicado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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El importante sindicato continental de periódicos ejemplificó su denuncia con el Artículo 80 del proyecto de ley de Peña Nieto que obliga a autoridades federales y estatales a establecer programas de protección a la infancia respecto de los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación.

Y el Artículo 82 prohíbe que las radiodifusoras perjudiquen a la infancia o la inciten a la violencia por medio de la apología del delito o de información con "influencia nociva".

La SIP advirtió que los medios quedarán al arbitrio de la discrecionalidad de las autoridades, que podrán sancionar y castigar al medio y al periodista por ofrecer noticias sobre hechos violentos, narcotráfico, trata de personas, violencia doméstica, alcoholismo y corrupción.

Agregó que el Artículo 87 prohíbe cualquier manejo de su imagen, nombre y otros datos personales del menor, mientras que, ambiguamente, el Artículo 78 establece la libertad de expresión de niños y niñas, así como la responsabilidad de radiodifusoras de incluir espacios donde puedan expresar sus opiniones.

"Existe preocupación sobre las muchas ambigüedades del proyecto, a través del cual el Estado se toma la licencia para entrometerse en los contenidos de los medios, generándose un marco propicio para la censura previa", advirtió la SIP.

Con esta legislación, el gobierno se reserva la autoridad de cancelar, a su arbitrio, las libertades constitucionales de expresión y de acceso a la información.

Aunque la ley se refiera específicamente a los derechos de niños y adolescentes, el capcioso texto permite al gobierno cancelar temas lejanos al niño, pero que, en opinión de los gobiernícolas, perturben la inocencia infantil o juvenil, como podrían serlo la corrupción gubernamental, el fraude electoral o la colusión del gobierno con el crimen organizado.

Y eso es para empezar, so pretexto de la defensa de los menores. Después vendrá la defensa de los mayores, so pretexto de la gobernabilidad sin gobierno y la insegura seguridad nacional y el orden de las instituciones desordenadas. Le sobrarán excusas a la dictadura perfeccionada. Espérese y verá.

diazgarza@gmail.com