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Difícil orden nuevo

Michoacán es escenario de un proceso insólito. Es el estado de la Federación en el que la gobernabilidad ha llegado a su punto más bajo, al grado de que las organizaciones del crimen organizado anularon la capacidad de las autoridades municipales y estatales para controlar el territorio y la administración pública. Nunca en la historia contemporánea se había presentado una situación tan singular. Las que ocurrieron en el pasado provenían de ingobernabilidad por oposición política, inclusive armada, pero no de la implantación delincuencial llana y simple que secuestrase a la autoridad legítima en el gobierno efectivo de amplios territorios y población.

Los cambios económicos y, en última instancia, políticos de las últimas tres décadas han generado una transformación de las relaciones sociales, de las formas de intercambio, interacción y cohesión. No es necesario hacer el recuento de las variaciones que en este respecto han experimentado regiones como la que contiene a esa entidad, sino destacar las implicaciones que han tenido. Entre las más importantes está el cambio en los parámetros de la gobernanza. El país en su conjunto ha pasado de fórmulas autoritarias, centralizadas y piramidales de gobierno a otras que son democráticas (en lo electoral), descentralizadas y dispersas. ¿De qué modo esta transición puede estar relacionada con lo que ocurre en Michoacán? Tomemos el ejemplo de la corrupción. En nuestro país —por desgracia— ha estado presente en la forma de gobernar desde tiempo inmemorial. Digamos que ha sido consustancial a las prácticas de los gobernantes. Tomemos este factor como constante, es decir, que no se suspende con el cambio del "modelo" de gobernanza. Entonces, la convivencia de la corrupción con fórmulas de gobierno menos fuertes para controlarla centralizada y piramidalmente como, según la literatura, ocurría antes, ha propiciado la penetración de bandas criminales que, al igual que las autoridades corruptas, tienen mayor margen de maniobra. Mayor libertad para delinquir. La generalización de la extorsión a establecimientos de todo tipo lleva a la conclusión de que las autoridades locales fueron incapaces de detener el fenómeno, o cómplices e indiferentes ante él.

Es probable que la gravedad de lo que ocurre en Michoacán, a la que no escapan otras entidades como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Morelos por lo menos, esté asociada a una alternancia en el poder en la que los partidos políticos involucrados (de los que emanan las autoridades electas) lejos de combatir la corrupción se entregaron a ella con ahínco. A lo anterior se suma la implosión del federalismo. Haber dejado a la inercia una estructura de relaciones entre la Federación, los estados y los municipios ha tenido como consecuencia la incapacidad para construir un orden renovado. No haber comprendido, por parte de la mayoría de la clase política y la ciudadanía que la estructura constitucional que rige dichas relaciones fue hecha para gobernar autoritariamente al país, enmendándole la plana al Constituyente de 1917, ha sido un grave error cuyas consecuencias estamos observando.

En términos de gobernanza democrática la pirámide sigue invertida. A mayor altura mayor concentración de poder de decisión; a medida que se llega más abajo, hasta el nivel municipal las capacidades de gobierno disminuyen. De ahí que se haya acuñado la expresión "feuderalismo" para referirse a la deforme estructura existente. Pruebas ventiladas públicamente las hay: Granier en Tabasco, Moreira en Coahuila y así, los estados siguen siendo un reservorio de enclaves autoritarios que impiden que las facultades de gobernar faculten seriamente a las comunidades originales.

El problema es tan grave que ha movido a concentrar mayores facultades de centralización en instituciones que podrían haber funcionado bien en un contexto constitucional diferente: la sustitución del IFE por el INE es un caso evidente. La ineludible intervención del gobierno federal en Michoacán es otra.

La estructura actual del pacto federal en lo relativo a distribución de facultades y responsabilidades bajo un esquema democrático está agotada, suspendida y pendiente en la agenda. Ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo entre 2000 y 2012 supieron qué hacer con los gobiernos estatales ni atacar la problemática del municipio. Una prueba de ello es que la estructura de recaudación fiscal no se movió, pero creció la capacidad de presión y chantaje de los estados para obtener recursos de las arcas federales (además de endeudarse hasta lo inconcebible). En su mal funcionamiento reside parte del origen de la penetración del crimen organizado.

Sin reformar estas características del régimen político ("feuderalismo" y corrupción) no será posible armonizar la democracia con una convivencia civilizada en la que el país pueda progresar. Es difícil establecer el orden nuevo que complete la democratización del régimen político, pero no puede eludirse.