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Dilemas del Servicio Profesional Electoral Nacional

Una de las novedades más relevantes de la reforma político-electoral es la creación del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) que, de acuerdo con el renovado artículo 41 constitucional "comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral"; y se remata afirmando que es competencia del INE la organización y funcionamiento de dicho servicio de carrera.

La fundación del IFE en 1990 estuvo aparejada de la apuesta por la profesionalización de su personal involucrado en la organización y realización de las elecciones como columna vertebral (junto con la paulatina ciudadanización de su Consejo General) de su estructura y funcionamiento. Ese propósito originario hoy se ha traducido en una estructura robusta y funcional que es un ancla de confianza de los comicios federales.

Entiendo que la creación del SPEN es un reconocimiento a esa estructura del IFE, y que el propósito es exportar al ámbito local esa experiencia exitosa.

Cabe decir que hay 24 entidades en donde existe la previsión legal de que los respectivos órganos electorales cuenten con un servicio de carrera, aunque no en todas ellos funciona efectivamente. Hacer un juicio sumario respecto a los diferentes grados de instrumentación y operatividad que esos servicios tienen en el ámbito local puede ser injusto, aunque es atinado señalar que ninguno ha alcanzado un grado de consolidación y eficacia como ha ocurrido en el IFE.

La idea de construir un SPEN no es mala en sí, pero sin duda muy compleja de aterrizar. Los dilemas que deben resolverse en la legislación secundaria para que ese Servicio no sea una mera buena intención son muchos y muy complicados. Señalo aquí solo algunos de ellos.

En primer lugar, el sexto artículo transitorio de la reforma, señala que el INE tendrá que expedir los lineamientos para la incorporación de "todos" los servidores de dicho Instituto y de los órganos locales al SPEN. Estamos frente a un sinsentido que debe aclararse en la legislación secundaria. Es innecesario e incosteable (y probablemente imposible) que todo el personal de esos órganos ingrese al Servicio. De hecho hoy, sólo alrededor de 2300 funcionarios de los más de 14 mil que integran al IFE están incorporados al Servicio Profesional; se trata de los que están directamente vinculados a las tareas sustantivas de la realización de las elecciones; el resto es personal administrativo y de confianza que, si bien debe procurarse esté permanentemente capacitado y en la medida de lo posible profesionalizado, no tiene sentido que forme parte de un servicio de carrera. Creo que el SPEN debería comprender sólo a los funcionarios de los que dependen las funciones electorales propiamente dichas. No hacerlo así volvería incosteable su sostenimiento (una plaza del SPE es mucho más cara por las prestaciones, capacitación y gestión administrativa que una equivalente de la rama administrativa).

En segundo lugar, el SPEN no puede mezclar dos dimensiones que por su naturaleza y funciones son muy distintas: la federal y las locales. De hecho me temo que dicho servicio deberá en realidad articularse en 33 ramas o subsistemas, uno federal y uno por cada entidad federativa. Si bien todas ellas deberían regirse con los mismos principios y esquemas de capacitación y evaluación, la rotación en los cargos (característica del SPE) es impensable para los funcionarios adscritos a los órganos locales. Ello además permitiría diferenciar tabuladores salariales a partir de las funciones y requerimientos específicos a los cuales cada uno de sus miembros está llamado a cumplir, y además poder atender requerimientos y necesidades específicas de cada entidad (en efecto, por ejemplo, no es lo mismo formar y capacitar al personal de estados donde existe el sistema de usos y costumbres de otros en donde no están reconocidos).

Un tercer problema es quién va a pagar los sueldos de los funcionarios del SPEN adscritos a los órganos locales, ¿el INE o los erarios estatales? ¿Va a administrar los pagos el INE? Y si no es así, ¿podrá el INE ejercer efectivas cadenas de mando si sus sueldos vienen del ámbito local? Y si es el INE el que cubre sus salarios ¿serán los mismos tabuladores que hoy existen para el SPE del IFE?

Son dilemas que más vale dilucidar desde la legislación secundaria para que al final una idea bienintencionada no se vuelva impracticable o fuente de serios problemas.

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