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Dinero y política: dos modelos contrapuestos

Mucho se ha dicho que el modelo de financiamiento de la política mexicana se ha vuelto oneroso para el erario, porque los partidos reciben anualmente miles de millones de pesos, además de que constriñe la libre participación de los privados en las aportaciones económicas a las campañas electorales.

En efecto, desde 1996, el esquema de financiamiento de los partidos políticos ha estado centrado en dos principios: 1) la asignación dominante de recursos públicos, distribuidos a través de una fórmula de equidad (70% proporcional a la fuerza electoral y 30% igualitario) y 2) el control sobre la intervención de los intereses privados (límites a las aportaciones individuales, que además deben transparentarse y prohibición de donaciones de las corporaciones comerciales).

Este segundo principio fue robustecido por la reforma de 2007-2008 que impidió que cualquier persona física o moral adquiriera espacios en radio y televisión para apoyar a alguna campaña electoral. Sin embargo, ello provocó que un grupo de intelectuales se amparara por lo que consideraron una violación a la libertad de expresión, al impedir un pronunciamiento a favor de algún candidato, mediante la compra de promocionales políticos. El amparo en contra del esquema de financiamiento no prosperó.

Los ejes del modelo mexicano han tenido por objeto prioritario impulsar la equidad en la competencia, en el entendido de que provenimos de un sistema de partido hegemónico, que por su naturaleza, concentraba en sus manos no sólo la organización electoral sino el respaldo corporativo de los grandes consorcios de la comunicación. Controles y más controles del Estado fue la consigna para combatir la concentración.

Este esquema choca frontalmente con el modelo norteamericano de financiamiento de la política que está basado en el libre flujo de aportaciones económicas de ciudadanos y de empresas de todo tipo.

De hecho, hace unos días, cinco de los nueve ministros que integran la Suprema Corte de los Estados Unidos, emitieron una sentencia para establecer que cualquier persona puede aportar dinero de forma directa e irrestricta a las campañas políticas. Así, los topes que antes existían quedaron eliminados.

Esta resolución vino a ratificar a aquella aprobada por los mismos cinco ministros en 2010, que prohibió que el gobierno restringiera el flujo de recursos a las campañas políticas de parte de corporaciones, organizaciones o sindicatos. El artículo de Arturo Balderas, especialista en política norteamericana, dio cuenta del significado de las sentencias en días pasados. (La Jornada,7/04/14)

Estas resoluciones judiciales que invocan el derecho a la libertad de expresión como su fundamento, en realidad se sustentan en la primacía del libre mercado trasladado a la política, abriendo con ello las supervías para que los intereses privados y comerciales sean determinantes en la orientación de las políticas públicas. Esta concepción no sólo quiebra la obligada equidad en las elecciones, sino que merma la autonomía relativa de la política, indispensable para que no sean los cálculos de los más poderosos los que priven en el quehacer público.

No cabe duda que los modelos de financiamiento de la política son expresión de historias y culturas diferentes: uno fincado sólo en el juego libre de los contendientes, con todos los excesos que ello conlleva como privilegiar a quienes son capaces de atraerse mayores apoyos económicos y otro que apuesta a una fuerte regulación del Estado para contrarrestar las enormes desigualdades que aún subsisten en la vida política mexicana.

Estoy convencida de que el elevado costo de nuestro modelo de financiamiento de las campañas sigue siendo un buen antídoto contra la extensión a la esfera de la política de los grandes intereses económicos.

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