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Duarte en busca del futuro perdido

Javier Duarte ya está en México. Regresó a nuestro país luego de un largo periplo que inició el 13 de octubre pasado cuando se fugó del estado horas antes de que libraran orden de aprehensión en su contra. Seis meses después, el 15 de abril pasado fue detenido en Guatemala y ahora, a nueve meses de que se fugara, ya está recluido en un penal de nuestro país.

En estos meses, Duarte se ha convertido en el paradigma de la corrupción política, en un personaje repudiado hasta por sus propios partidarios, pero es también un símbolo de lo que ha sucedido con su generación política en los últimos años. Duarte es un hombre joven, tiene 43 años, y profesionalmente preparado. Su padre murió en el terremoto que azotó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 y fue Fidel Herrera quien se convirtió en una suerte de padrino político del joven. Con Fidel tuvo su primer trabajo, al mismo tiempo que estudiaba en la Universidad Iberoamericana, donde conoció a quien sería su esposa Karime Macías, y a varios jóvenes que con el paso de los años se convirtieron en sus principales colaboradores. Herrera lo llevó desde posiciones políticas modestas hasta la gubernatura.

Javier Duarte, al mismo tiempo que otro joven gobernador, Enrique Peña, llegaba a Los Pinos, fue junto con otros mandatarios (César Duarte, Roberto Borge, Roberto Sandoval) parte de esa generación de gobernadores jóvenes, que fueron la imagen del nuevo PRI. Vaya a saber qué les sucedió pero casi todos terminaron muy mal: destruyeron su fama pública, perdieron electoralmente sus estados, están acusados de actos de corrupción. Estamos hablando de hombres que fueron gobernadores apenas comenzando la treintena, que dejaron sus gobiernos en algunos casos antes de cumplir 40 años, con hijos muy pequeños. Dilapidaron carreras y vidas. Y políticamente le dieron un golpe durísimo a su partido y a su generación.

Duarte es un hombre que perdió el rumbo y que terminó construyendo un andamiaje de corrupción que involucró a su familia, a sus amigos más cercanos, a empresarios y a buena parte de su equipo. Si vemos los casos de los gobernadores que han sido detenidos o procesados en los últimos tiempos, nos encontramos con patrones diferentes, pero comunes. En el caso de Tomás Yarrington, las acusaciones de la justicia estadounidense, por la que piden su extradición de Italia, donde está detenido, se centran más allá de los actos de corrupción en su relación directa con el cártel del Golfo. En el caso de Roberto Borge, las acusaciones políticas son muchas pero los delitos que se le pueden demostrar son pocos y pasan por la venta de terrenos propiedad estatal a precios por debajo de su valor. Sobre César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, también pesan acusaciones relacionadas con malos manejos, sobre todo una operación donde con préstamos públicos compró, para sí mismo, una institución financiera privada. El caso judicialmente más claro es el de Guillermo Padrés, el exgobernador panista de Sonora, porque, según las autoridades, hay constancia de que traspasó en forma directa recursos presupuestales a sus cuentas privadas.

En el caso de Javier Duarte, las cosas, judicialmente, no están sencillas: existe constancia de que desde inicio del gobierno se conformaron cerca de treinta empresas fantasmas a las que se adjudicaban contratos y que mantenían entre ellas una “relación comercial”. Con los recursos derivados de esos negocios se hizo, por lo menos es lo que se sabe, una bolsa financiera con la que se compró un terreno ejidal, compra en la que participaron por lo menos cinco de aquellos amigos y colaboradores que lo acompañaron durante años. Por esos terrenos pagaron cantidades muy pequeñas y luego los revendieron, sin pagar impuestos, ya que eran “ejidatarios”, en unos mil millones de pesos.

Todo esto es muy claro, pero legalmente es difícil ligar a Duarte con estos delitos. Se lo pudo hacer porque dos de esos “socios” que participaron en la compra de ese terreno, se convirtieron en testigos colaboradores de las autoridades. Con base en esos testimonios es que se reconstruyó el esquema y se acusó a Duarte. Su esposa, Karime Macías no puede ser acusada porque no formó parte del gobierno y argumentará que sus recursos provenían de su esposo, una coartada que difícilmente se puede superar.

Ahora bien, con el nuevo sistema penal, a esos testimonios de testigos colaboradores habrá que acompañarlos de otras pruebas para obtener una condena. Es más, de los siete delitos que se le acusa a Duarte, sólo dos, presentados por la PGR, permite que siga su proceso en prisión, y es el delito el más difícil de probar: delincuencia organizada y lavado de dinero, los otros cargos, que fueron presentados por la fiscalía veracruzana, le hubieran permitido gozar de libertad condicional.

Duarte ya está en México. Su proceso será indudablemente mediático e influirá en los procesos electorales federal y local del año próximo, pero su futuro legal, más allá de que su vida política esté acabada, no está asegurado para nadie.