Opinión

Seguridad, migración y consensos

DESDE LA BARRERA

Por  Eduardo del Río

Aunque aún es preliminar, la cifra es oficial y refleja que México, más allá de sus coincidencias o divisiones, se encuentra sumergido en una de las peores crisis de seguridad de los últimos lustros.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se registraron 35 mil 588 homicidios dolosos, el índice más alto desde que se lleva a cabo este tipo de mediciones.  

La violencia que aqueja al país no respeta clases sociales ni origen político. Si bien prácticamente todo el territorio nacional, de una forma u otra, se ve afectado por este fenómeno, los principales estados en los que se registra el mayor número de ejecuciones son Michoacán (PRD), Coahuila (PRI), Nuevo León (independiente), Chihuahua (PAN), Tabasco (Morena), Jalisco (MC), Estado de México (PRI), Guanajuato (PAN), Campeche (PRI), Colima (PRI), Oaxaca (PRI) y Quintana Roo (Coalición). Las entidades en las que se presenta un incremento exponencial en los niveles de crímenes son Hidalgo (PRI), Aguascalientes (PAN), Morelos (PES) y Tlaxcala (PRI).

A nadie escapan los efectos negativos que una crisis de seguridad de este tipo puede traer para un país. Turismo e inversiones son los primeros sectores que se ven mermados ante índices como los dados a conocer esta semana. Las alertas deberían estar prendidas en Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero, estados que el Departamento de Estado norteamericano acaba de clasificar en nivel 4 en su sistema de recomendaciones de viaje. Dichas entidades están catalogadas en el mismo rango que Yemen, Somalia, Siria o Afganistán.

Junto con la economía, la seguridad pública es uno de los temas más sensibles para la población, determinante en muchos casos a la hora de depositar el voto en las urnas. Frente al proceso electoral que se avecina en 2021, el consenso debería ser el denominador común en el combate al crimen organizado. No vaya a ser la de malas que los ciudadanos comiencen a cobrar innecesarias facturas a todos por igual.

Segundo tercio. Todo país tiene la obligación y el derecho de poner orden en sus fronteras. México no es la excepción, y así lo ha demostrado, incluso frente a las provocaciones como las que se han registrado por parte de las caravanas migrantes que esta semana han intentado ingresar a territorio nacional.

El Gobierno mexicano hace bien en aplicar la ley en esa región fronteriza, en donde, nadie estará en desacuerdo, priva la porosidad y por la que transitan, desde hace décadas, migración ilegal, armas y drogas.

Tercer tercio. México no cierra las puertas a la migración proveniente del sur. Únicamente aplica la ley y esta no pasa por caer en provocaciones. Existen opciones y estas han sido dadas a conocer a quienes forman parte de las caravanas: refugio, permisos temporales de trabajo, regreso asistido a sus países de origen o incorporación al programa Sembrando Vida.

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