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Educación a medio camino

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL

A casi un año de que el Ejecutivo federal promulgó reformas a las leyes que tienen que ver con la educación, aún no se concretan los cambios y hay una fuerte resistencia de los maestros para ser evaluados.

Hoy, en Sinaloa festejan su día más de 37 mil maestros de nivel básico que tienen que responder a los objetivos que fueron planteados en la reforma constitucional a los artículos 34 y 73, y que hasta este momento sólo ha sido de interés político.

Quizá el punto más álgido de la reforma para el magisterio es la creación del Sistema Nacional de Evaluación, pues no sólo deja de ser opcional la medición de capacidades, sino que faculta a la SEP para, eventualmente, cesar a los maestros que reprueben.

El otro aspecto es el que contempla la Ley General de Servicio Profesional Docente, con la cual el Ejecutivo abre la posibilidad para que las plazas puedan llegar a quienes cumplan con los perfiles y la capacitación para ejercer esta actividad.

Pero en la realidad educativa que se vive en el país, la reforma no canceló el poder que en la práctica sigue ejerciendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos líderes tienen el verdadero control del magisterio, no el Ejecutivo.

Muestra de cómo no llegan los cambios de la reforma son los megasueldos de hasta 100 mil pesos para algunos maestros, pero también las denuncias de 'aviadores' y de dobles plazas de gente muy ligada a las altas esferas del sindicato.

Tampoco se han concretado los programas para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, lo que abona a la mala calidad de la educación en el país.

Sin duda, hay docentes que dan su vida en las aulas y para quienes es más que justo mejorar sus condiciones laborales, pero al tratarse del desarrollo del país, se necesita que tanto el magisterio como las autoridades asuman su responsabilidad en beneficio de los estudiantes.