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NUESTRA OPINIÓN ESTATAL

Gran indignación ha causado entre la sociedad el asesinato de la luchadora social Sandra Luz Hernández, madre de uno de tantos desaparecidos en Sinaloa.

El crimen cometido contra la activista, el pasado lunes en Culiacán, no deja cabos sueltos, al contrario de muchos otros; sólo hay que seguirle la huella para saber de dónde vino la orden de quitarla de en medio.

Se sabe, y así se ha hecho constar, que Sandra Luz Hernández tuvo una reunión con el subprocurador general de Justicia, Martín Robles, en la cual estuvieron presentes también agentes investigadores ministeriales, del Ministerio Público y agentes especializados de unidades de investigación. La luchadora social fue citada ese día —lunes— junto con otras tres compañeras con hijos desaparecidos, supuestamente para informarles sobre los avances de las investigaciones, que por cierto no han sido muchos.

Lo raro de esto es que fue precisamente después de terminada la reunión cuando Sandra Luz recibe una llamada de una persona no identificada que aseguraba tener noticias de su hijo, citándola en el sitio donde fue ultimada a tiros.

¿Qué es lo que sabía la activista sobre las investigaciones y cómo supo su asesino sobre lo que habló con el subprocurador, quién avisó al criminal sobre el término de la reunión y, lo que es más, a quién pudo haber delatado —si es que lo hizo— que pudiera haber decidido quitarla del medio? Sólo hay que recordar que su hijo fue precisamente un empleado de la Procuraduría de Justicia cuando fue 'levantado' y luego desaparecido.

A todas estas interrogantes está obligado el procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera, dar respuestas. Se tiene el perfil del asesino, pero, ¿se podrá o convendrá dar con él?