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El Pacto, el dogma y la foto

La principal agrupación de la izquierda en México ha confirmado su salida del Pacto por México. El motivo es la reforma energética que, dice, incluyó una reforma constitucional que no estaba acordada en el Pacto. En el curso de acción para el futuro inmediato coloca el objetivo de revertir esta reforma y restaurar el statu quo ante constitucional.

He leído y releído el texto del Pacto sin encontrar ningún acuerdo o compromiso respecto a si la Constitución sería modificada. Esto quiere decir que los actores concurrentes en ese acuerdo en diciembre de 2012 no comprometieron ni a favor ni en contra una reforma a los artículos 27 y 28.

Una de las características de la evolución reciente del texto constitucional y del sistema constitucional en su conjunto, es que ha ido erosionando progresivamente los rasgos autoritarios que se le fueron imprimiendo durante el predominio del sistema presidencialista de partido hegemónico. Una vez que este sistema fue incapaz de producir gobernanza para el país, y con el objeto de evitar tragedias como el aplastamiento del movimiento estudiantil de 1968, se inició una transformación del autoritarismo que desembocó en la transición democrática de 1997. Ésta fue resultado de nuevas reglas de juego. Desde entonces, en ausencia de mayoría absoluta en los Poderes de la Unión, toda decisión mayor respecto de la forma de gobernar el país deba ser pactada con los demás actores relevantes. Así, el margen de maniobra de cada fuerza política se ha estrechado y no hay alguna que pueda decidir por sí sola.

Independientemente de los defectos e imperfecciones que tiene el sistema que se ha ido edificando, un verdadero y original híbrido, lo cierto es que detrás de esta configuración está la voluntad de los electores, que ha dividido sus preferencias entre tres grandes fuerzas políticas y otras con menor peso específico. Dicho de otro modo, no es solamente un asunto de ingeniería electoral y constitucional, sino, además, de voluntad política del elector soberano.

A pesar de discrepancias entre connotados personajes de izquierdas, que se pudieron observar a propósito de la reforma energética, especialmente en cuanto a reformas constitucionales, el PRD, el PT y Morena parecen compartir la idea de que se tocó o, si se quiere, trastocó, un principio inamovible. En esencia, si interpreto correctamente, las manzanas de la discordia son la apertura del sector a las asociaciones público-privadas mediante los contratos de utilidad compartida en hidrocarburos y generación de energía eléctrica.

Es perfectamente respetable la opinión de los partidos mencionados y de quienes opinan como ellos. No obstante, la pretensión de que se transgredió un dogma inamovible es inaceptable. La Constitución es perfectamente clara respecto a cómo puede ser reformada. El mecanismo para hacerlo está descrito en el artículo 135, y la Constitución no dice en ningún lado que no se pueda reformar alguno de sus artículos, capítulos o títulos. Más aún, usando un poco de imaginación se podría hasta convocar a un Congreso Constituyente por medio del mecanismo previsto por el 135.

Las reformas constitucionales realizadas el año pasado cumplieron con los requisitos constitucionales de legalidad y, considerando que el Poder Constituyente instituido fue y sigue estando pensado como un mecanismo de legitimación, es evidente que las reformas cumplen también con la condición de legitimidad. Otra cosa muy distinta es si el conjunto o partes del orden constitucional siguen siendo legítimos, lo que requiere un análisis de otra naturaleza. No obstante, es injustificable y políticamente vergonzoso alegar que la reforma energética configura "traición a la patria" y otros epítetos que prefiero no reproducir por respeto a los lectores.

Si aceptamos que el orden constitucional autoritario que proviene no de 1917 sino de 1933-1996, la óptica para encarar el proceso reformador inducido por una composición de fuerzas propio de una poliarquía no puede ser la misma que aquella con la que se nos intentó amaestrar por los gobiernos que van desde Obregón hasta Zedillo. Si ese estilo y esos contenidos de la gobernanza son "la patria" pues entonces yo me coloco, francamente, del lado de los que prefieren la decisión legislativa democrática con la concurrencia de diversas fuerzas constitucionalmente relevantes, aunque los sacerdotes del dogma revolucionario y autoritario me incluyan en una lista negra.

Podemos sostener todas las discrepancias que se quiera; debatir en casa, en la calle, en el aula o en el Congreso. Pero no podemos asumir que por no imponer, mantener o restaurar una decisión hay que salirse del juego democrático y patear el tablero. Ello solamente lleva a quedarse fuera de la fotografía democrática en aras de un ministerio dogmático atascado en el pasado autoritario.