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Opinión

¡El avión… el avión!

Por: Darío Celis Estrada

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá que sopesar bien si persiste en su idea de echar mano de aerolíneas comerciales para transportarse, asumirse ya como un real jefe del Ejecutivo y utilizar el avión presidencial o tirar al caño una inversión a valor presente de 210 millones de dólares, pero que escalará en el tiempo a los 750 millones.

He aquí una historia que quizás no conozcan el propio AMLO, su próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y sus futuros secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa; de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Corría el año 2008 y Airbus, que capitanea Tom Enders, sacó de su línea de producción un Airbus A340. Era el número de serie 902 versión VIP, o sea: para un jefe de Estado. El solicitante era el presidente de Túnez, Ben Alí, que estaba por reelegirse por quinta ocasión y no gozaba ya de mucha popularidad.

La aeronave fue adquirida en el 2009 directamente a Airbus, consorcio franco-anglo-hispano-alemán, luego de que una orden de compra de la aerolínea Kingfisher fuera cancelada. Al año siguiente ese A340 fue reconfigurado con interiores VIP. El aparato terminó costándole al gobierno tunecino 240 millones de dólares.

La bronca fue que Alí ni siquiera tuvo chance de “saborear” su megaavión. El presidente sería depuesto en una de la llamada también “Primavera Árabe” que se vivieron en la pasada década. Era tan corrupto y autoritario, que su pueblo terminó echándolo del gobierno.

El nuevo presidente, Beyi Caid Essebsi, no quiso usar el avión y lo puso a la venta. Se le pidió a la aerolínea bandera de ese país, a Tunisair, que le encontrara un nuevo dueño. La compañía que preside Elyes Mnakbi lo empezó a ofrecer en ¡180 millones! Es decir, ¡60 millones de dólares menos de lo que costó!

¿Y sabe quién fue el ganón? El gobierno de Turquía, que terminó comprándolo en la módica cifra de ¡78 millones de dólares! Hoy el que se pasea muy gustoso en ese avión de nueva generación es el presidente Recep Tayyip Erdogan. Moraleja: las aeronaves se deprecian exponencialmente cada día y hay que usarlas.

El gobierno de Ben Alí nunca utilizó el aparato. Estuvo arrumbado en uno de los hangares de Airbus en Toulouse, Francia. Y es que simple y llanamente no hay mercado para los aviones de los presidentes. Su reconfiguración los hace costosos e imposibles de recuperarlos financieramente hablando.

México está a punto de cometer el mismo error de Túnez. La historia del A340 de Airbus no dista mucho del Boeing 787 de México. Fue adquirido en el último año de gobierno de Felipe Calderón. Formó parte de una orden de compra de Aeroméxico, sí, la compañía de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo.

El “Dreamliner” del fabricante estadounidense que preside Dennis Muilenburg costó 130 millones de dólares a “casco verde”, esto es, sin pintura y sin asientos, pues Presidencia lo adecuaría a su gusto. Se financió con un crédito de Banobras que estructuró el entonces secretario de Hacienda José Antonio Meade.

Este dato es relevante porque Calderón ni siquiera puso un pie en él. Fue el equipo de Enrique Peña Nieto, vía su primer secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el que autorizó otra partida de 80 millones de dólares para reconfigurarlo a sus necesidades. El pago se hizo a Asociated Air Center.
Los artífices de la compra de ese avión, que tuvo un valor de 210 millones de dólares, pero que si proyectamos en el tiempo el arrendamiento que pagará Banobras, subirá hasta los 750 millones, fueron precisamente Meade y Videgaray, alentados por su amigo, Andrés Conesa, director de Aeroméxico.

Desde Banobras, dirigida entonces por Georgina Kessel, maestra del ITAM de Conesa, Meade y Videgaray, se diseñó ese oneroso arrendamiento de 750 millones de dólares que AMLO no está dispuesto a pagar. Bajo el acuerdo firmado por Videgaray, Banobras cobrará a Presidencia mensualidades.

Si López Obrador insiste en devolverle el avión presidencial a Banobras alguien va perder muchísimo dinero, igual que el gobierno de Túnez tiró a la basura 162 millones de dólares. Claro, a menos que AMLO le pida el favor a algún empresario valiente que esté dispuesto a comprárselo en un precio no tan castigado.

SAT Y CONAGUA
Por ahí ya empezaron a trascender algunos nombres para dirigir organismos del gobierno federal. Ayer le refería que el senador Manuel Bartlett suena fuerte para dirigir la CFE. Considere también al empresario de la construcción Humberto Armenta como posible para encabezar la Comisión Nacional del Agua. Para presidente del SAT, además de Édgar Amador, se menciona a Rafael Espino, y como procurador fiscal a Carlos Romero. Estos dos últimos fueron colaboradores de Juan José Paullada cuando era Procurador Fiscal, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Paullada es muy cercano a Andrés Manuel López Obrador y lo ha venido acompañando de tiempo atrás.

ROMERO A PEMEX
Si le tomó por sorpresa que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, designara a Germán Martínez como director del IMSS cuando asuma el cargo, agárrese. En el entorno del tabasqueño se adelanta que Octavio Romero Oropeza puntea para ser el próximo director de Pemex. No, no fue Mario Delgado; tampoco Lázaro Cárdenas Batel. Vamos, ni siquiera su papá, Cuauhtémoc Cárdenas. El que se perfila es Romero, quien fuera oficial mayor del Gobierno del DF con López Obrador. Por donde se le busque, nomás no hay registro de la mínima experiencia en el sector, solo ser oriundo también de Tabasco, cuna del petróleo. ¿Adiós a la reforma energética de Enrique Peña?