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El bono de confianza

GUASAVE

Encuatadas a las medidas de reorganización a las que seguramente se ve obligado el nuevo gobierno para corregir el desequilibrio financiero que enfrenta, tendrá que idear un plan efectivo para recuperar de usuarios morosos de obras y servicios lo que deben.

Establecer un programa de persuación que reduzca el monto de cartera vencida, pues es asunto que merma los montos de participaciones federales que al Ayuntamiento le tocan mensualmente y que representan la mayor parte del presupuesto que ejerce para resolver su gasto corriente.

Habría que decir que la cultura del no pago, revueltita con la desconfianza atávica hacia los gobiernos, hace que exista renuencia a cubrir adeudos por concepto de obras, lo que provoca que las fuentes de financiamiento a través del gobierno estatal, a quien depositan las participaciones, se cobren al uso chino.

En ese sentido con todo y los reajustes de personal, políticas de austeridad u otras estrategias que se apliquen, no serán suficientes para salir del atolladero.

Es tan grave el problema de la comuna, -paraestatal Jumapag incluida-, que las mismas vicisitudes que agobian al tesorero estatal, Armando Villarreal, parecen pan comido en comparación con el brete en que está metida su homóloga, Angelina Morales.

Aunque es temprano para saber qué efectos tendrán en su economía las medidas que aplica el Ayuntamiento, al área de Finanzas Municipales hasta el momento las cuentas le cuadran, pero no le checan, pero con toda seguridad finalmente será un ahorro insignificante, dada la magnitud de su déficit de ingresos.

De acuerdo con informes no oficiales al gobierno, aún con penurias, le bastaría con las participaciones federales que le asignan mensualmente para sufragar sus gastos más elementales, pero ocurre que cuando los reciben llegan muy "mochos", no sólo porque se le retienen amortizaciones, sino que igual se reducen por no haber eficiencia en la recaudación que le corresponde realizar, por ejemplo, por citar un solo ejemplo, el impuesto predial urbano.

Es precisamente en ese factor donde está el quid del asunto, porque en tanto muchos de los usuarios de obras, como pavimentos, aguas potables, drenajes u otros se niegan a cubrir las deudas de esos créditos que les toca pagar y a los que el gobierno sirvió de aval, al final del día tiene que "apechugar" con parte de los recursos fiscales que le llegan y al momento de hacer las liquidaciones, Tesorería se queda "chiflando en la loma" y en consecuencia sin poder solucionar sus necesidades más apremiantes.

Si bien el Ayuntamiento cuenta con mecanismos legales y hasta coactivos, entre otros los embargos de bienes a deudores morosos para exigir el cumplimiento de los compromisos, lo cierto es que ante la crisis que afecta por igual a todos los guasavenses, acciones de esa naturaleza no serían, políticamente las adecuadas.

Incautar propiedades por adeudos de ese tipo significaría para el nuevo gobierno correr el riesgo de meterse en un problema social de grandes proporciones con altos costos políticos.

Entonces tendrán que poner en juego toda su habilidad e ingenio financiero, pero además aprovechar el bono de confianza ciudadana que los guasavenses le otorgaron al alcalde Armando Leyson, para sin recurrir al garrote recuperar dineros de esas obras, que son parte del problema.

Con una buena dosis de sensibilidad política y social convencer a los deudores y establecer convenios cómodos y prácticos que se acoplen a las condiciones y posibilidades de cada quien.

Parafraseando a aquel que giró un cheque sin fondos, "la gente es buena, nomás hay que darle tiempo".