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El efecto del error legislativo

La situación es en verdad preocupante. La repercusión más sensible del ‘gasolinazo’ se empieza a dar no solo en Mazatlán o Sinaloa, sino en todo el país: la pérdida de las fuentes de empleo. Ante el encarecimiento de los insumos generados por el derrumbe de la cotización del peso ante el dólar, el aumento del impuesto sobre la nómina y el incremento aplicado a la gasolina, el diesel y la energía eléctrica, las empresas e industrias han optado por la reducción de la nómina. Ayer, tanto los líderes del sector restaurantero como de la industria de la transformación estimaban un recorte de hasta el 20 por ciento del número de empleados.

La situación podría agravarse aún más si no se da un cambio en la política económica del país.  Ya el próximo mes, los combustibles aumentarán un 8 por ciento extra, de acuerdo con las reforma económica programada por la Secretaría de Hacienda.  

La pérdida de fuentes de empleo y la reducción de la competitividad de las entidades son dos de las implicaciones socialmente más sensibles que los legisladores no quieren entender al momento de autorizar el aumento de impuestos y combustibles.

En Sinaloa, al menos la fracción priista, en el Congreso del Estado avaló la voracidad recaudatoria con la que inició la administración de Quirino Ordaz Coppel y no han querido dar marcha atrás a la aplicación de un incremento a los impuestos sobre la nómina, pese a advertirse la pérdida de fuentes de empleo. El único cambio que han aceptado  implementar es que el incremento sea gradual, lo cual no deja de pegar directamente a las empresas empleadoras.
Podríamos estar en la antesala de una nueva crisis social provocada por las erróneas políticas económicas implementadas al margen de la realidad financiera del país. 

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