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El fraude que acabó con Mexicana

GRAN ANGULAR

La Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR tiene documentadas operaciones inusuales que derivaron en la banca rota de Mexicana de Aviación para beneficiar directamente al Grupo Posadas con por lo menos 110 millones de pesos. Una de esas operaciones inusuales es la venta de 65% de sus acciones el mismo día que compró la aerolínea Gastón Azcárraga, el mandamás de Mexicana y Grupo Posadas, hoy prófugo de la justicia.

Pero la responsabilidad de esas operaciones presumiblemente fraudulentas también recae en los funcionarios públicos del gobierno de Vicente Fox, que autorizaron la venta de Mexicana no solamente a un precio de ganga, sino a un comprador que, por lo visto, ni siquiera tenía el dinero suficiente para comprarla y mucho menos para invertir un centavo en ella; y en los del gobierno de Felipe Calderón que con su proceder encubrieron los malos manejos en la aerolínea.

Vamos, lo que ocurrió en Mexicana de Aviación configura fraude desde el momento mismo de su venta. Pero veamos, primero, cómo ocurrieron —según la PGR— algunas de las operaciones que dañaron a la aerolínea para beneficiar a la cadena hotelera Grupo Posadas.

La Corporación Internacional de Transporte Aéreo (Cintra), controladora con que el gobierno operaba a las rescatadas Aeroméxico y Mexicana, anunció el 29 de noviembre de 2005 que su Consejo de Administración recomendaba a la asamblea de accionistas la venta al Grupo Posadas de 100% de las acciones de Grupo Mexicana.

La venta se concretó en diciembre de 2005 por 165.5 millones de dólares, el equivalente a 18% del valor de la aerolínea, aseguran sus trabajadores. El paquete incluía 95% de los activos de Mexicana de Aviación y Aerocaribe (después Click Mexicana); y 50% de los activos de Aeromexpress, Seat, Cecaam, Sabre y Turborreactores.

El mismo día que Mexicana fue comprada por Grupo Posadas, éste vendió 65% de las acciones de la aerolínea a personas físicas y a diversas empresas, entre ellas Administradora Profesional de Hoteles, subsidiaria de la cadena hotelera de Gastón Azcárraga.

A estas maniobras para financiar la compra de la aerolínea debe sumarse la casi inmediata venta (el 3 de febrero de 2006) del inmueble ubicado en Xola 535, conocido como Torre Mexicana y del ubicado en Xola 202 llamado Anexo Mexicana, a la sociedad anónima de capital variable Fibra Mexicana de Inmuebles.

Cuatro meses después, en junio de 2006, Grupo Mexicana constituyó el Fideicomiso 589, con el objetivo de crear un plan de remuneraciones para los empleados de la aerolínea y subsidiarias, noble y loable intención. Y para constituir el fideicomiso, se extrajeron de la Compañía Mexicana de Aviación (parte del grupo) 198 millones de pesos.

Pero, con ese patrimonio, Grupo Mexicana compró las acciones que le había vendido en diciembre anterior a la Administradora Profesional de Hoteles, pagando 197 millones 971 mil 395 pesos. Y ese mismo día, la Administradora Profesional de Hoteles transfirió a una cuenta de Grupo Posadas 110 millones 700 mil 380 pesos.

Hay piezas sueltas respecto a las maniobras inusuales o fraudulentas, pero lo que queda claro es que fueron práctica común en la aerolínea que técnicamente aún no está quebrada porque la justicia no ha resuelto el concurso mercantil, pero que ya no tuvo más recursos para operar desde el 27 de agosto de 2010.

Y es aquí donde no debe perderse de vista que el gobierno federal participó en los órganos de decisión de Cintra que culminaron con la venta del Grupo Mexicana. Las decisiones de la mayoría de accionistas estaban en manos del Estado y la responsabilidad de esas decisiones en manos de los titulares de las dependencias públicas en cuyo poder estaba cada paquete accionario: 50.49% en el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) representado por Mario Alberto Bougard, 10.6% en Hacienda, conducida entonces por Francisco Gil Díaz, y 3.54% en Nacional Financiera, dirigida aquellos días por Mario Laborín. Al momento de la venta, el jefe de todos ellos era Vicente Fox.

Desde el momento de la suspensión de operaciones, han tenido responsabilidad en el oscuro proceso de rescate o quiebra los secretarios de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Calderón: Juan Molinar Horcasitas y Dionisio Pérez Jácome; y, por supuesto, el que fuera secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

Estos últimos incumplieron la obligación de garantizar la prestación continuada de un servicio público concesionado de transporte y los que malbarataron la aerolínea en beneficio de quien ni dinero tenía para comprarla, le causaron daño al erario público que manejaba el IPAB y afectaron la fuente de trabajo de miles de mexicanos.