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El gasto público

Sin buena economía no hay buen gobierno. Sin buenos empleos y poco dinero en los bolsillos, crece el descontento, la criminalidad, la informalidad, las carteras vencidas y se pierden las elecciones. Este gobierno arrancó con mucha política, en algunos casos muy buena política, pero con poca y deficiente economía. Todos necesitamos, empezando por el mismo gobierno, que la economía empiece a reanimarse.

Hay que decirlo con franqueza: las bases para el crecimiento económico están mal planteadas. La apuesta gubernamental se sustenta en que las reformas en curso y el gasto público harán la magia. Las reformas surtirán los efectos deseados, con suerte, dentro de tres o cuatro años. Serán la herencia del período Peña Nieto para gobiernos futuros. Mientras llega ese día, el avance económico estará centrado en el gasto público, sobre todo en infraestructura.

Este esquema de crecimiento presenta graves problemas. En adelante, cualquier empresa que quiera crecer tendrá que pasar aduana por el gobierno, pues será éste el único vehículo para hacer grandes negocios. El futuro de las compañías dependerá de su capacidad para obtener contratos, ganar licitaciones y hacer obra para el gobierno. El sector privado tendrá que alinearse a los propósitos y proyectos del gobierno para ganarse un pedazo del gasto público. Los empresarios irán dejando de atender las necesidades del mercado, de los consumidores, para dedicarse de lleno a descifrar las intenciones y las iniciativas del gobierno, pues en ellas estará el dinero grande del sexenio.

Si se trata de un esquema para que la iniciativa privada se pliegue a las posturas gubernamentales, entonces está bien pensado. Las empresas más florecientes serán aquellas que hagan más negocios con el gobierno. Si, por el contrario, se parte del supuesto de que el gasto público será capaz de generar los empleos que se requieren y de elevar las tasas de crecimiento, entonces nos aguardan descalabros muy fuertes en el futuro inmediato. Por otro lado, y es una desgracia reconocerlo, una proporción muy alta de los egresos del gobierno se perderá en el mar de la corrupción, en vez de ir a nivelar las grandes desigualdades sociales de México.

Este diseño está lleno de señales contradictorias. Los mismos mensajes oficiales repiten continuamente que son las Pymes las que generan el mayor número de empleos en el país. Sin embargo, con la reforma fiscal se les mutila la posibilidad de crecer y de crear más fuentes de trabajo. De hecho, corren el riesgo de que, en vez de generar empleos, ahora tengan que recortar puestos, olvidarse de invertir en el crecimiento de la empresa y, en muchos casos, desaparecer. Con una política de gasto público como la actual solamente crecerán y mucho las grandes constructoras y oferentes de servicios al gobierno. Las demás estarán en riesgo, a menos que logren surtirle algo a los grandes jugadores.

Antes de que comencemos a ver quiebras masivas de empresas, la pérdida de empleos y el fortalecimiento de la informalidad, el gobierno debería rectificar en un tema relevante. Quien reinvierta sus utilidades en el crecimiento de su negocio quedará exento de pagar impuestos sobre esos recursos. De esa forma, las empresas tendrán incentivos reales para ampliar su planta productiva, contratar empleados, introducir nuevas tecnologías e incrementar su competitividad. Quien simplemente reporte utilidades pagará los impuestos correspondientes; quien las invierta para crecer y modernizarse hará lo que supuestamente se quiere lograr a través del gasto público. Es decir, se hará más ágil y más efectiva la reanimación económica. A golpes de gasto público aumentará la corrupción, se harán más ricos los grandes consorcios, los que tengan mejores conexiones en el gobierno.

Abrir nuevamente el debate sobre la política hacendaria tendría un enorme costo social y político. Sin embargo, sí sería viable introducir una enmienda que ofrezca incentivos, no para enriquecerse más, sino para que cualquier empresario reinvierta sus ganancias y así detonar un crecimiento real.

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