Opinión

El plan urgente

Por  Jorge Lozano

El gobierno municipal de Escuinapa mantiene una lucha jurídica en contra de la Comisión Federal de Electricidad. 

La administración que encabeza el morenista Emmett Soto Grave no reconoce el adeudo de 2.5 millones de pesos que le requiere la comisión por el suministro de energía al acueducto Baluarte-Escuinapa. 

El munícipe exige que la CFE instale medidores de energía y demuestre el excedente que reclama en pago, para lo cual planea apelar a la Profeco. 

El conflicto data desde el 2018, cuando el morenista ordenó que patrullas de la policía vigilaran los pozos abastecedores de agua para evitar que técnicos de la CFE les cortara el suministro de energía eléctrica. Por varios días, los agentes de Seguridad Pública vigilaron los pozos para actuar en caso de que los técnicos de la paraestatal intentaran cortar el suministro de energía y con ello se suspendiera el rebombeo de agua potable a los usuarios.

Este es el tipo de situaciones que se viven en el sur del estado, ante la difícil situación por la que atraviesan todas las Juntas de Agua Potable y que las sucesivas administraciones no han podido resolver.

La peor parte del problema provocado por la ineficiencia de las políticas públicas las han pagado los usuarios, los cuales padecen continuas fallas en el abasto de agua potable que, en casos graves como las que se presentan en Rosario y Concordia, el desabasto llega a prolongarse por varias semanas.

Las deficiencias se han convertido en una carga para el gobierno estatal, ya que de manera recurrente autoriza créditos o la entrega adelantada de partidas presupuestales que permitan a las administraciones cubrir los adeudos a la CFE. 

Es por ello que urge un programa estratégico para el rescate de las juntas de agua potable. 

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