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El reto de la igualdad

Las conmemoraciones del Día Internacional de las Mujeres ofrecieron cifras preocupantes.

En México se constató que muchas mueres perciben menores remuneraciones que los hombres por trabajos iguales; tienen menor acceso a servicios públicos, y enfrentan situaciones de violencia doméstica en proporciones mayúsculas. Al mismo tiempo, Naciones Unidas insistió en que, a pesar de lo mucho que el mundo avanzó en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, es posible advertir brechas de bienestar desfavorables para las mujeres.

De cara a esos resultados que obligan a retomar la agenda de la igualdad con mayor profundidad, advierto que en el país existe un ánimo propicio, un compromiso con el reto de la igualdad. A diferencia de otros momentos en la historia, percibo que esta vez las brechas de género se están registrando con la consciencia social de que es posible desmontarlas. Hay elementos que sustentan ese optimismo.

En 2012 México fue el país que más creció en cuanto al número de congresistas mujeres. La acción de la justicia logró que se hiciera exigible el cumplimiento pleno de las cuotas, lo que se tradujo en una cifra histórica de senadoras y diputadas.

De ese logro se han desprendido otros. La legislatura actual ha puesto de manifiesto que, como anticipa la teoría, una mayor cantidad de mujeres en puestos de toma de decisión puede detonar cambios cualitativos en la producción de normas. Iniciativas como las que se han presentado en materias de violencia de género, trata de personas, prevención del cáncer y acoso político, entre otras, dan cuenta de una nueva manera de ver los problemas.

Pero quizás tan valioso como el hecho de que la nación esté constatando la importancia de que las mujeres participen en cuestiones públicas es el reto que resulta de la modificación constitucional que llevó la cuota de género hasta la paridad en las candidaturas, tanto para congresistas federales como para los de las entidades federativas.

Con ello México se sumó a países como Bolivia, Costa Rica y Ecuador que han reconocido que si las mujeres son la mitad de la población, entonces reconocerles un derecho a ser candidatas para la mitad de los puestos electivos no es un exceso. La paridad en el registro de candidaturas dejó de ser el caso atípico de la democracia francesa, para convertirse en un anhelo de muchas naciones que aspiran a ser realmente incluyentes.

La apuesta tiene sentido, ya que las cuotas han demostrado ser el más eficaz instrumento para incrementar la participación de mujeres en la toma de decisiones. Según se desprende del Informe 2013 de la Unión Interparlamentaria, éstas fueron utilizadas en 21 elecciones congresionales el año pasado, en las cuales las mujeres obtuvieron el 25 por ciento de los escaños. En las cámaras bajas de Zimbawe y Camerún, estos instrumentos casi lograron duplicar la cantidad de mujeres diputadas.

Pero el propio Informe señala algunas limitaciones de las cuotas. Ahí donde su regulación es deficiente, los partidos hallan incentivos para incumplirlas.

Por eso es importante el momento actual en el que se está diseñando la legislación secundaria en materia electoral y de partidos. Es la oportunidad idónea para eliminar las excepciones a la cuota que alguna vez mermaron su efectividad en México, para imponer sanciones a los partidos que no postulen a candidatas en la proporción requerida y, quizás, hasta para pensar en la generación de incentivos para promover el ascenso de mujeres en las carreras intrapartidistas.

Si incrementar la cantidad de mujeres en los congresos se ha probado importante para imprimir sensibilidad de género a la producción normativa, vale la pena explorar esa ruta en otros órdenes de gobierno. De ahí que en América Latina y el Caribe estén cobrando fuerza las ideas de impulsar, también, el aumento de mujeres dentro de los poderes ejecutivos y judiciales de los países de la región. Sea el ánimo que dejó el 8 de marzo, un impulso para avanzar también en esa dirección.

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