Opinión

Elecciones internas del PRD

Avatar del

Por: Jacqueline Peschard

En contra de las dudas razonables por la novedad del experimento y por los muy estrechos plazos para realizarlas, las elecciones internas del PRD del 7 de septiembre, que por primera vez fueron organizadas por el INE, cumplieron su cometido. Participaron cerca de dos millones de militantes, previamente registrados y validados; se instalaron 8238 casillas —más de 99% de las aprobadas— y los incidentes fueron menores.

De acuerdo con el calendario establecido, en el curso de esta semana, las Juntas Ejecutivas del INE habrán de dar a conocer los resultados de los cómputos locales y total y con ello habrá concluido su responsabilidad en el proceso.

Las elecciones internas de un partido, abiertas al voto universal de sus militantes, son procedimientos reconocidos como democráticos, que legitiman la renovación de los cuadros directivos, gracias a que permiten la participación de las bases partidarias y a que existe competencia entre aspirantes.

Dado que los partidos son organizaciones de ciudadanos para el ejercicio de los derechos de asociación y participación políticas, no es común que se celebre la intervención de una autoridad estatal en su vida interna. Sin embargo, las experiencias pasadas de elecciones abiertas en el PRD resultaron fuertemente cuestionadas por las corrientes perdedoras, e incluso en una ocasión impidieron que se reconociera a los ganadores. Ello explica que se incorporara a la reforma político-electoral de este año la posibilidad de que un partido político solicitara al INE la organización de su elección interna, con cargo a sus prerrogativas.

Estoy convencida de que los buenos resultados de este proceso se deben en primer lugar a la experiencia que tiene la autoridad electoral en la organización de comicios bien regulados y transparentes en cada uno de sus eslabones. Las rutinas institucionales que desarrolló el IFE durante 23 años y que se trasladaron al INE, permitieron que en un plazo de escasos cuatro meses se realizaran todas las fases del proceso, desde la emisión de lineamientos para regular elecciones internas, pasando por la firma de un Convenio con el PRD para fijar calendarios y compromisos de cada parte y desde luego, para colocar las casillas y realizar la insaculación de los militantes que recibirían y contarían los votos. Todas estas tareas tenían fechas límite para su realización a fin de dar certeza a todos los candidatos y participantes.

Asumiendo su papel de autoridad, el INE estableció límites y condiciones para garantizar la integridad de la elección y ello implicó que fijara el principio de definitividad de cada etapa del proceso. Ello significa que una vez concluida una etapa, con su fase para revisar y subsanar posibles errores, no se permite impugnar una previa, y ello inyecta certidumbre a todos los actores.

Esto no quiere decir que no se hayan registrado problemas importantes a lo largo del proceso, los cuales se explican por la frágil institucionalidad del PRD, que permite que reglas ya establecidas se negocien, o se modifiquen a partir de presiones de algunas de sus corrientes internas.

Por ello, la etapa más complicada y controvertida del proceso fue la del registro de afiliados elegibles a cargos directivos, ya que una vez entregada la lista para que el INE la publicara, el PRD presentó alcances, amén de que los militantes insatisfechos interpusieron quejas ante el Tribunal Electoral -recibió más de 1,600 impugnaciones- que obligaron al INE a acatar las resoluciones y a reformular las listas.

Está claro que principios firmes para dar certeza y flexibilidad para atender los imprevistos y dar garantías a los diferentes militantes del PRD, fueron la guía del INE que pasó airoso esta primera prueba, que es una de las más de 70 nuevas responsabilidades que le han sido encomendadas.