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Opinión

En Concordia los políticos inician guerra política pese a la pandemia

ROMPEOLAS

Por ROMPEOLAS .

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Guerra política. En Concordia, los políticos no han esperado a que pase la pandemia de coronavirus para iniciar una guerra política cuyo objetivo parece ser la imagen del alcalde, el priista Felipe Garzón.

A lo largo de la campaña preventiva, al munícipe se le ha criticado por las acciones y las decisiones emprendidas para mantener al municipio con los índices bajos de la enfermedad.

El último embate se hizo desde la sala de regidores. Los ediles Jesús Alberto Ornelas Salazar, del PRI; María del Carmen Reyes Tiznado y Eyleen Abbygail Garzón González, ediles de Morena y PAS respectivamente, lo acusaron de algunas irregularidades, como el reparto poco trasparente de apoyos emergentes. El munícipe, sencillamente les mandó decir que se pusieran a trabajar.

Cansancio. Ya son más de dos meses desde que comenzó el brote de coronavirus en Sinaloa, y el personal de Salud ya está bastante cansado, porque ha atendido más de 2 mil 500 casos positivos y al menos 700 sospechosos.

Además del incremento en la demanda de atención médica, se suma que la mitad del personal, médicos o enfermeras, goza de un permiso desde que inició la emergencia sanitaria, por ser considerados como población de riesgo o vulnerable al Covid-19.

En el Hospital de la Mujer de Culiacán, cerca de un centenar de médicos y enfermeras decidieron manifestarse y trabajar bajo protesta, porque están laborando horas extras, sin días de descanso, y consideran injusto que no sean acreedores a un bono que otorga el Gobierno Federal, porque con todo el trabajo que han hecho, creen justo recibir algún estímulo económico.

Si bien este nosocomio no atiende propiamente a pacientes con Covid-19, diariamente reciben de uno a dos casos positivos de coronavirus, y ellos se encuentran sin el equipo de protección al momento de brindar atención, lo que los pone en mucho riesgo.

Los manifestantes exigen que se les dé un periodo vacacional extra por los días no descansados y que regrese todo aquel personal médico que se fue a casa para aislarse al ser población vulnerable.

Saturado. Como se lo adelantamos hace algunos días, el Hospital Civil de Culiacán ha llegado al 100 por ciento de su capacidad, y se convierte en el primer nosocomio en ocupar todas las camas habilitadas para pacientes por coronavirus.

Hay que recordar que esta institución ha sido denominada como Hospital Covid-19 porque únicamente atiende a personas con esta enfermedad.

Cuando se hizo este anuncio, el pasado 8 de abril, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que el Hospital Civil tendría una capacidad de atención de 100 personas infectadas, para lo cual contaría con el equipo necesario, pero el Gobierno del Estado no ha sido cumplido.

Más quejas. Son muchos los ciudadanos que están bastante molestos con la Comisión Federal de Electricidad por los elevados recibos que les llegaron en este mes por el consumo de energía eléctrica que se hizo durante el mes de abril.

En las oficinas de la empresa de luz, cientos de personas acuden todos los días en busca de una explicación, pero no hay mucho que puedan hacer, ya que las tarifas ya están establecidas y el consumo se hizo, por más que se intente negarlo.

Al final, lo tienen que pagar, porque así como las tarifas se mantienen igual de altas, la CFE no se detiene para cortar el servicio, lo que muchas personas han considerado como un acto de insensibilidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que ha sido blanco de críticas por esto.

Penalización. Los diputados locales intercambiaron opiniones respecto a la iniciativa propuesta por el grupo parlamentario del PRI para sancionar a quienes incumplan con las medidas sanitarias.

La priista Elva Margarita Inzunza defendió la propuesta, al considerar que hay muchas personas que salen a la calle sin acatar las disposiciones, entre ellas el uso de cubrebocas, las aglomeraciones, fiestas y reuniones.

En contraparte, el panista Jorge Villalobos y el morenista Horacio Lora manifestaron estar en desacuerdo, porque no pueden coartar la libertad de la población de la movilización, por lo cual consideran que el tema no debe ser aprobado en Sinaloa, y pusieron ejemplos otros estados, donde ya lo han implementado, y no ha funcionado.

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