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¿En manos de quién estamos?

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL

Un escenario tremendista, pero posiblemente real en materia de seguridad, "pinta" el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Genaro García Castro, al admitir que, en caso de ser despedidos, un amplio porcentaje de elementos policiacos que no aprobaron el examen de control de confianza, podrían pasar a engrosar las filas de la delincuencia.

Según cuentas, son 3 mil 698 efectivos reprobados, aunque ciertamente, no todos por ser susceptibles de caer en actos de corrupción, es de presumirse que por esa causa un importante número de la gendarmería es considerado no apto para la delicada misión de prevenir la delincuencia.

El dato no es menor, pues el funcionario reconoce tácitamente que una gran cantidad de policías -bajo el supuesto de ser cesados- se pasarían al bando del crimen, da una idea clara que quiénes están en esa tesitura, han encontrado refugio en las corporaciones para hacer de las suyas.

Si así están las cosas, que así deben estar, pues lo dice el más alto funcionario en materia de seguridad, en cuyo poder tendría que obrar información muy precisa al respecto para animarse a hacerla pública, cabría la pregunta, ¿entonces, en manos de quién estamos ahorita?

El hecho de que si no todos, asumiendo que sólo sea el 50 por ciento de policías despedidos con el pretexto de no tener trabajo se unan a los enemigos de la sociedad, es un pronóstico terrible.

En ese sentido, resulta difícil de explicar por qué las instituciones de gobierno a las que están adscritos esos agentes que, de acuerdo a los estudios sicosométricos son propensos a delinquir, han tolerado que gente con perfiles de tendencia criminal pertenezcan a los cuerpos de seguridad.

Por supuesto que Genaro García Castro miente a sabiendas, cuando dice que el despido masivo de ese número de agentes no causaría una crisis mayor a la que están padeciendo los sinaloenses, porque integrar 500 o mil expolicías a la delincuencia, es tanto como emparejar las fuerzas criminales con las del Estado.