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Enemigos del pueblo, amigos del dinero

El gobernador de Puebla, Moreno Valle, ha encarcelado y perseguido en los últimos días, a líderes sociales, activistas, funcionarios comunitarios, por oponerse a un proyecto denominado "Morelos", integrado por dos centrales de generación eléctrica con gas; un ducto para transportar dicho energético de 150 km por los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. La "adquisición de tierras" afecta 400 mil hectáreas, dos mil propiedades, 77 ejidos y 22 municipios.

El ducto transitará por el Popocatépetl en áreas sísmicas y susceptibles de flujos de lava y peligros de graves conflagraciones. La concesionaria del gasoducto es la española ELECNOR. Los constructores han desoído advertencias de expertos, de geólogos de la UNAM, violan el ordenamiento ecológico y tratados internacionales que obligan a consultar a los dueños de los recursos afectados. Pero avanzan comprando tierras explotando la pobreza; más aún, la generación eléctrica que se planea es innecesaria. Las poblaciones no aceptan las pérdidas de sus tierras, ni los peligros que representan y se movilizan solicitando la cancelación de esos "grandes proyectos" calificados ya, como "proyectos de muerte". Las características de los perseguidos reflejan su carácter social: se agredió el domicilio del comisariado de Bienes Comunales en San Juan Amecac; se detuvo a la comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan; al vocero del "Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala"; a un integrante de la organización "Los de Abajo" y del "Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada"; al Profesor de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Puebla, Dr. Pérez Avilés, le han librado orden de aprehensión y amenazado a su familia.

A estas agresiones a personas y bienes de las poblaciones mencionadas, hay que añadir las concesiones a empresas mineras nacionales y extranjeras para la explotación a cielo abierto, que destruyen cerros y bosques enteros y veneros de agua, recursos fundamentales de las poblaciones campesinas e indígenas afectadas. Se añade a estos despojos la privatización del agua de los ríos de la sierra mediante concesiones a empresas privadas para construir presas, generar electricidad y venderla a los municipios aledaños, lo que resulta grotesco, cuando mantienen clausurada la presa Necaxa, capaz de atender vastas extensiones de Puebla, Estado de México y el Distrito Federal y la desaparición de Luz y Fuerza para convertir la electricidad en un negocio privado, entregado a las insaciables empresas del Grupo México y de Salinas Pliego.

El despojo de aguas, tierras, recursos naturales para su privatización y extranjerización es el objetivo de la política neoliberal, que sostiene Peña Nieto y se profundizará brutalmente con el artículo Octavo Transitorio de la Reforma Energética Constitucional, que establece que las actividades energéticas, petróleo y electricidad, tendrán preferencia sobre cualquier aprovechamiento del territorio nacional, independientemente que contradice el artículo 2º apartado A) fracción VI de la Constitución, que estatuye el derecho preferente de los pueblos originarios sobre sus recursos. Este artículo Octavo Transitorio permitirá, a favor de las transnacionales energéticas, expropiar y disponer de la propiedad privada, pública y social, por encima de cualquier otro derecho. Los conflictos serán irrefrenables. Así, ya desde ahora, el Gobernador de Puebla Moreno Valle, adelanta esta previsible explosión social con la represión en favor de los intereses económicos privados, sacrificando a su propia población, fortalece el conflicto, impulsando a los poblanos a perseverar en su reclamo por la suspensión de estos proyectos depredadores y desde luego por la libertad de los presos políticos.

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