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Es White & Case pieza relevante en la relación de negocios Banamex-Oceanografía

TIEMPO DE NEGOCIOS

Un actor que hasta ahora se ha mantenido a buen resguardo en el escándalo de Oceanografía es White & Case. Le había platicado que tras el estallido del caso, el bufete legal de Vicente Corta trató de pintar su raya y abandonó el barco cuando empezó a hacer agua.

Sin embargo, la firma puede aportar información relevante, tanto a la PGR que comanda Jesús Murillo como a la CNBV que capitanea Jaime González Aguadé y al propio Pemex, de Emilio Lozoya Austin, en el tema del fraude a Banamex-Citi por más de 400 millones de dólares.

Corta era asesor financiero de Amado Yáñez. Representó a la subsidiaria OSA Goliath en la emisión del bono de 160 millones de dólares con vencimiento en el año 2018. El bono no está en default y paga una tasa de 12% de interés, cuya siguiente amortización está programada para mayo entrante.

Sus acreedores, fondos de Noruega, Holanda y Singapur que ya son representados por el abogado Alonso Rivera, tomaron en custodia el buque cuando Pemex inhabilitó a Oceanografía. Son los que no quisieron formar parte del comité de reestructura que recién crearon Pemex y el SAE.

Pero la asesoría de White & Case no se limitó a la operación de Goliath. Los pupilos de Corta también habrían intervenido en el refinanciamiento de un par de créditos del Rabobank, que dirige Manuel González, por 236 millones de euros para el arrendamiento de 10 barcos.

De igual forma se comenta que White & Case participaría en la reestructuración financiera de otra filial de Oceanografía llamada Servicios Marítimos Gosh. Esta entidad es socia de la compañía de Singapur PACC Offshore Services, con la que arrendaron seis embarcaciones más.

A todas luces se ve que White & Case conocía cada paso que daba Oceanografía. Incluso hay fuentes cercanas a la empresa de Amado Yáñez que aseguran que parte de sus ejecutivos y socios participaban en el consejo de administración. Se habla de Raúl Fernández-Briseño.

¿Por qué la firma de asesoría legal no previno la situación a Banamex-Citi? Quienes conocen el asunto, dicen que en el menos grave de los casos porque hubo un exceso de confianza en la relación entre ese banco dirigido por Javier Arrigunaga y el equipo de Corta.

Para entender la fuerte interrelación que existe es necesario remontarse al pasado, a principios de los noventas cuando fue el rescate de la banca. Citigroup trajo a White & Case para defender sus intereses tras comprar a precio de ganga Confía, de Jorge Lankenau.

Arrigunaga fue director del Fobaproa y operador del rescate, que a la postre lo catapultaría en Banamex, que fue adquirido por Citi en el gobierno de Ernesto Zedillo cuando Francisco Gil venía de la sub gubernatura de Banco de México y ya era miembro del consejo de ese banco y director de su empresa de telefonía, Avantel.

El Fondo de Protección al Ahorro Bancario o Fobaproa, que surgió en 1990, sería sustituido en 1998 por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario o IPAB. Arrigunaga le pasó la estafeta a Vicente Corta, otro ex funcionario de la Secretaría de Hacienda, a la que ingresó en 1991.

El abogado y hombre de todas las confianzas de Roberto Hernández, Alfredo Harp y el propio Francisco Gil era Alberto Sepúlveda, la anterior cabeza de White & Case y no hace mucho nombrado vicepresidente de Asuntos Legales de Walmart México. Tras su salida del bufete Corta tomó las riendas del negocio.

Sepúlveda se introdujo tanto en los asuntos de Banamex, que pasó a formar parte de su consejo, a la par que White & Case se convirtió en un auténtico trampolín de funcionarios del sector hacendario cuando lo encabezaba Gil Díaz y después con Agustín Carstens.

Algunos de ellos son Ismael Reyes Retana, Margarita de la Cabada, Luis Mancera Arrigunaga, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, María Teresa Fernández, Juan Carlos Rizo León, Christian Natera Niño de Rivera, entre otros.

Ese bagaje que históricamente existe entre el despacho jurídico y Banamex lo heredó Corta y su equipo de profesionales. No en balde la firma lleva el liderazgo de los casos corporativos más relevantes de México, como ahora lo es el de Oceanografía y su desfalco al banco que encabeza Manuel Medina Mora.

Paso libre a GEO

A más tardar mañana Santamarina y Steta, el bufete legal de GEO, hará la petición de concurso mercantil con acuerdo previo. Como le informé el comité de bancos integrado por HSBC, Banorte, Banamex-Citi, Inbursa, Santander y BBVA-Bancomer, y que es presidido por Guillermo Chávez, y el de bonos conformado por Luxor, PIMCO, Ashmor y TWC, representado por Alejandro Sainz, llegaron a un acuerdo para reestructurar financieramente la desarrolladora de vivienda. Las partes también ya están de acuerdo en que el juzgado que tome el caso nombre al abogado Thomas Heather, de Ritch, Muller, Heather y Nicolau, como conciliador, debido a que representó a una parte de los acreedores y conoce a fondo este expediente. El objetivo es maximizar el tiempo del concurso y sacar a flote la empresa para retomar el tren de producción en beneficio de decenas de proveedores que se quedaron a la deriva. Otro ángulo lamentable de esta historia son las fuentes de empleo que se perdieron. De 12 mil plazas GEO redujo su plantilla a solo dos mil en un año. En las próximas horas la compañía de Luis Orvañanos notificará a la SHCP de Luis Videgaray el cierre de los acuerdos, mismos que todavía hoy se estarán terminando de documentar y rubricar.

Llegará "La Gas"

Una de las primeras consecuencias de la Reforma Energética será una nueva franquicia de gasolineras. Ya le había adelantado algo hace varias semanas. Le puedo precisar que una vez que Energía, comandada por Pedro Joaquín Coldwell, dé el banderazo, empezarán a operar inicialmente unas 600 estaciones de servicio que hoy funcionan con la franquicia de Pemex. La marca comercial con la que se abrirán mercado es "La Gas" y será impulsada por tres de los principales grupos gasolineros del país. Apunte a Hidrosina de William y Paul Karam, Lodemo de Emilio Loret de Mola y Orsan de Carlos Sandoval. No se descarta que tras este cambio de paradigma más grupos, incluso extranjeros entren al negocio del despacho de combustible.

El IMPI desacata

Se cree que esta semana iFONE haga un extrañamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por negarse a declarar la infracción e imponer multa a Apple. Le platiqué desde el viernes que el mismo organismo cerró hace una semana la instrucción para proceder con base en las cuatro instancias legales que la compañía de Antonio Treviño ganó, incluida una de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo los intereses económicos en juego son tantos que las huestes de Miguel Ángel Margáin, director del IMPI y ex apoderado legal de Apple, no han querido resolver el caso. La responsabilidad recae directamente en el director adjunto del instituto Alfredo Rendón y de la directora divisional de Protección a la Propiedad Industrial, Irelli Aquique.

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