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Estado sin estadista

En esta reflexión que comparto con los lectores, mi interés no es subestimar las cualidades o sobredimensionar las fragilidades del actual presidente de México.

No califico, analizo. Comprendo las dificultades de la tarea de gobernar una nación con retos de seguridad, sociales y económicos tan formidables, con instituciones tan debilitadas ante la confianza pública. Mi interés es señalar los riesgos que para la gobernabilidad significa una decisión clara de construcción de un nuevo autoritarismo presidencial a costa del debilitamiento de los derechos políticos de los ciudadanos, la separación de poderes y el federalismo. Lo hago con el propósito de que el gobierno saque lo mejor que tenga para que en su propio interés recapacite; y para que la oposición abandone su actual estado de confusión que ha contribuido a fortalecer ese presidencialismo autoritario.

Más allá de las ambiciones y los intereses de los actuales gobernantes, la premisa en la que basan su acción es que la economía necesita crecer y que el factor más importante para lograrlo son las reformas estructurales, particularmente la apertura de la energía, la que traerá a México grandes inversiones adicionales. A su razonamiento le han puesto números. Crecimiento de 3.9% en 2014 hasta lograr un crecimiento de 5% al final del sexenio, con una plataforma petrolera similar a la de hace una década.

Muchos no están convencidos de que lo vayan a lograr. ¿Dónde están las políticas que lograrán aumentar efectivamente la productividad, el crecimiento del mercado interno, la política industrial, los motores de la innovación y del conocimiento; las capacidades ejecutivas y el Estado de Derecho? Ni siquiera creen que, aún con los nuevos impuestos y el crecimiento del déficit y la deuda, se vaya a alcanzar la meta del crecimiento inercial de 3.9% en este año.

Pero aún en el caso de que el gobierno alcanzara las metas que se ha fijado, la pregunta es si ello sería suficiente para mantener la gobernabilidad.

No parece ser el caso. Las acciones de intervención federal para contener las emergencias de seguridad y gobernabilidad, como en Michoacán, no podrán consolidar una victoria efectiva mientras no logren desarrollar un sustento efectivo de reconstrucción institucional. Las reformas que se han realizado, aun teniendo éxito, generarán reacciones sociales en contra conforme vayan avanzando. Si por un lado diluyen sus propósitos iniciales, por el otro no terminan de establecer un sustento duradero. Los resultados de la reforma educativa están en cuestión y es difícil suponer que la resistencia magisterial esté resuelta. Las nuevas inversiones en minería o gas, inevitablemente generarán reacciones sociales de las comunidades o de los grupos afectados. El crecimiento del número de jóvenes desempleados no puede ser sino antecedente de frustración e inconformidad. La acumulación de casos de corrupción y la impunidad, seguirán abonando a la ilegitimidad del régimen.

Si las perspectivas en la economía no son tan favorables como dice el discurso oficial. Si la inconformidad social va en ascenso. Si la tendencia en el nivel de aprobación al ejercicio presidencial es decreciente. Si los problemas de inseguridad persisten, pues aunque se logran avances en algunos puntos, en otros se agravan. Entonces, cómo es que el gobierno cree que durante los próximos años le va a alcanzar su capital para sortear las aguas crecidas.

Es un error de Estado apostar todo a una hipótesis de crecimiento económico que, para sostenerse, debilita las decisiones políticas fundamentales, limita los derechos de los ciudadanos como acaba de ocurrir con la hipócrita ley de consulta popular y que, para poder palomear sus aciertos, está debilitando la separación de poderes y el régimen federal. Las aguas crecidas no se enfrentan con hipótesis econométricas ni con posicionamientos para los medios. Se enfrentan construyendo capital moral e institucional en cada oportunidad que se presente.