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Facultades del INE

La principal motivación de la reforma electoral fue centralizar en lo posible la organización de los procesos electorales en una sola institución, el INE.

Eso, como sabemos, porque PAN y PRD consideran que los institutos estatales electorales caían bajo la influencia del gobernador en turno. En realidad había reparto de cuotas en la que el partido gobernante llevaba la principal tajada. Se pretende resolver ese problema de "feudalismo electoral" con el INE (aunque el cuotismo no se quiso erradicar de ese organismo).

La controversia giró en qué tantas facultades debían quedar en manos del INE, y bajo qué circunstancias podía atraer una elección local (dado que, por presión de los gobernadores, y del PRI, se mantuvieron los órganos locales). El PAN promovía que fuera sencilla dicha atracción, en tanto que el PRI insistía en que se diera sólo en casos excepcionales.

¿Quién ganó? A simple vista podría decirse que el PRI, pues en realidad la facultad de atraer un proceso local se dará en condiciones excepcionales. Pero por otro lado, la ley estipula que las funciones básicas de todo proceso electoral, tanto federal como local, quedarán en manos del INE, como es la ubicación de la casilla (que será única), la selección de los funcionarios y su capacitación, materiales electorales, PREP, diseño distrital y la definición de criterios para las encuestas. Aunque varias de esas funciones podrían delegarse en los que ahora se llaman organismos públicos locales electorales, "Oples" (para evitar gigantismo burocrático, dice Lorenzo Córdova). La fiscalización de los gastos de campaña será operada por las Oples, pero bajo un criterio nacional elaborado por el INE.

Finalmente, el nombramiento de los siete consejeros que integrarán cada uno de los "Oples" se hará por el Consejo General del INE, con lo que se busca imprimir mayor autonomía respecto de los poderes locales, y que eso se refleje en mayor imparcialidad en su desempeño. El problema radica en que la presentación al Consejo General de las listas de aspirantes (cinco por cada plaza) la hará una Comisión de Vinculación formada por sólo cuatro de los once consejeros, lo que implica que las distintas etapas de selección de los aspirantes en principio quedaría en manos de esos cuatro consejeros (incluidas las entrevistas que son fundamentales para elegir a los mejores). Evidentemente, el formar parte de dicha comisión será motivo de una pugna fuerte entre los consejeros, por la importancia de su función. Y como la mayoría de ellos fueron nombrados bajo el criterio de cuotas partidistas, entonces la cosa se puede complicar más, pues los partidos (nacionales) buscarán incidir en dicho nombramiento a través de sus respectivos consejeros. Incluso, no sería raro que los consejeros, sabiéndose producto de cuotas partidarias, decidieran repartir también dicha comisión bajo ese mismo criterio, nombrando un consejero de cada uno de los tres partidos importantes, y dejando el cuarto sitio a otro más o menos imparcial, si así es reconocido por sus compañeros.

Hay aun otro asunto, enunciado el ex consejero electoral Jesús Cantú (Proceso. N. 1959). El PRI buscó y consiguió una cuota de cuatro consejeros del INE, lo que en automático le da poder de veto para las decisiones que exigen mayoría calificada (ocho de once consejeros). Así, ese bloque de cuatro consejeros "priístas" podría vetar el nombramiento de consejeros locales que no considere adecuados, e incidir de manera decisiva en la composición de esos consejos locales (o su remoción). Y por ello quizá también prevalezcan las cuotas en esos consejos. También, la atracción de una elección local podrá hacerse sólo antes de iniciado el proceso mismo, con lo que los gobernadores podrán esperar hasta ese momento para meter su mano negra. Así pues, eso de que la composición y las facultades del INE serán garantía de equidad e imparcialidad en los procesos locales está por verse. El tiro podría salirle por la culata al PAN, que además no quedó conforme con su cuota en el INE.

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