Opinión

El gasto educativo: sin rumbo y con ocurrencias

LA HOGUERA

Por  Gabriel Yáñez

En México, uno de los renglones que más dinamismo ha tenido para contribuir a su conformación como una República federal, democrática y representativa lo ha sido, sin duda, el tema educativo, en el cual han venido alternándose diversos procesos de centralización y descentralización, los cuales se han visto sumamente limitados en sus prioridades y alcances, ya que estos, en el marco del arreglo federalista que nos rige, han quedado circunscritos a cuestiones principalmente de carácter presupuestal, pero en un esquema descontextualizado de las vertientes pedagógicas, curriculares y de formación, capacitación y acompañamiento docentes que se requieren. Lo anterior es una de las causas principales por las que se afirma que, en educación, nuestro país sí invierte, y bastante, pero con una pésima orientación. Muestra de ello es el 5.4 por ciento del PIB que se destina para este rubro, mismo que en términos globales ronda la media que prevalece en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero que si lo vemos en una distribución per cápita, nos ubicamos en los últimos lugares, ya que, por ejemplo, nuestra inversión por alumno a nivel primaria anda por los 2800 dólares, cifra muy por debajo de los 8600 dólares que promedian los países miembros de ese organismo internacional.

A pesar de estas distorsiones y desigualdades en el gasto público educativo, donde la nómina magisterial concentra de este casi un 86 por ciento versus un exiguo 3.2 por ciento que se destina a la mejora de los planteles; las ocurrencias parecen no tener fin, ya que hace escasos tres días, nuestro veleidoso presidente anunció la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), para lo cual no da mayores justificaciones técnicas, pero supongo que, como lo ha venido haciendo con otros organismos y dependencias, ha de representar para él un intermediario burocrático e innecesario, lo cual por lo menos en este caso y para los que conocen del tema es una decisión errónea y muy precipitada.

Veamos por qué:

Recordemos que en apoyo a la Ley de Coordinación Fiscal y en cumplimiento a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en Sinaloa (como en las demás entidades federativas) se creó desde el 2008 el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (Isife), el cual opera con los recursos que por dos vías le llegan al estado a través del Ramo 33: el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el infructuosos programa de Escuelas al Cien, que surgió como parte de la abrogada reforma educativa de Peña Nieto, donde se nos vendió la idea de un esquema de bonos bursátiles denominados Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), del cual dicho programa tomó su nombre y el cual, lejos de potenciar los recursos comprometidos, ahora sabemos por un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que todo ello fue un fracaso total y con la colocación de esos bonos se generó una deuda millonaria que ahora tendrá que enfrentar el gobierno con los bancos e instituciones financieras privadas.

No obstante lo anterior, en la actualidad el programa Escuelas al Cien continúa financiando una parte de los programas que ejecuta el Isife, que representan el 25 % de los recursos totales del FAM. Ahora bien, si como lo dijo el presidente, este dinero es parte del que se entregará directamente en los planteles para que lo maneje un comité integrado por docentes, padres de familia y alumnos; lo primero que debió valorarse es si con esa parte presupuestal en forma separada y asignada individualmente a cada escuela del país (se habla de 100 a 150 mil pesos al año), se logrará un beneficio redituable en cuanto a infraestructura y equipamiento, ya que la construcción de una sola aula no baja de los 350 mil pesos.

Por otra parte, en cuanto a esos comités que se mencionan, no hay que perder de vista que por ley existen ya en cada centro educativo órganos colegiados de participación social, los cuales no sobra decir que son los estados los que los sostienen, pues la federación nunca ha hecho un esfuerzo real por impulsarlos, ni siquiera en el aspecto normativo, ya que la reglamentación que los rige es confusa y anacrónica, pues una parte de ella tiene casi 40 años de antigüedad.

Antes de seguir con esta ocurrencia, es necesario primero atender este aspecto y no crear más comités o consejos, ya que lo único que propiciarán es ralentizar y burocratizar aún más la autonomía de gestión escolar y causarles más dolores de cabeza a los directores y supervisores.

¿Usted qué piensa de ello?