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Opinión

El mal trato a delincuentes de cuello blanco y la saña contra personajes corruptos. ¡Pobrecitos!

LA HOGUERA

Por Gabriel Yàñez Pérez

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Después de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se invalidó (al declarar inconstitucional) la prisión preventiva en los casos de aquellos delitos fiscales como los cometidos por las empresas factureras; el día de ayer, el propio presidente de este poder del Estado, Arturo Fernando Saldívar, salió al paso de esta polémica y, como queriendo matizar su impacto, publicó en sus redes sociales que con esta medida cautelar se castiga principalmente a los más pobres… pobrecitos entonces Alonso Ancira, Juan Collado, Emilio Lozoya y compañía.

Para empezar, recordemos que estas medidas legales, las cuales fueron resultado de las reformas fiscales y penales aprobadas en el 2019, fueron plenamente sustentadas y justificadas debido al enorme daño que estos “negocitos” le causan al erario público, los cuales son utilizados tanto por empresarios como por políticos, quienes han logrado burlar al fisco y llenarse los bolsillos de dinero.

Como factureras conocemos a “aquellas empresas que emiten facturas de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Con estas facturas se pueden aumentar falsamente los gastos de las empresas para disminuir el pago de impuestos, con lo cual estarían realizando una defraudación fiscal. Además, permiten encubrir pagos de subcontratación o actividades ilegales, muchas de ellas ligadas incluso al crimen y que suelen simularse como compra-venta de bienes y servicios inexistentes”.

La evasión fiscal por esta forma de corrupción alcanza casi el 1.5 % del PIB en nuestro país, de ahí que la decisión de la Corte, con toda y su argumentación legal, parece ir en contra de las recomendaciones dictadas por organismos internacionales, mismos que pugnan por establecer mayores castigos a quienes se dedican a estas ilícitas actividades, que con toda justicia valen su justificación o denominación como una forma más de delincuencia organizada.

Las declaraciones que avalan esta decisión de la corte, bajo los argumentos legales de proteger el principio de presunción de inocencia, resultan muy discutibles y hasta poco válidos en ciertos casos, como por ejemplo este de las empresas factureras. Y es que a este tipo de defraudación fiscal le antecede toda una investigación por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y hasta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en donde suele quedar fehacientemente la comisión del delito. Ahora bien, en el mismo Código Fiscal de la Federación, se establecen atenuantes y plazos para aclaraciones, lo que le da tanto a las personas físicas como morales, la posibilidad de desvirtuar las acusaciones que existan en su contra y poder quedar fuera de la lista negra de contribuyentes irregulares.

Por otra parte, en el otro tema, el de la extinción de dominio, el cual vino a complementar las reformas fiscales y legales que tipificaron la defraudación fiscal como delincuencia organizada, es realmente muy poco probable que, como se ha argumentado, se realice un proceso de incautación de bienes e incluso su remate, sin haber un procedimiento penal de por medio o una sentencia definitoria.

Ante tales consideraciones, resulta muy cuestionable la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que con invalidar la prisión preventiva en este tipo de delitos fiscales, se les otorga una protección a este tipo de delincuentes de cuellos blanco, que son quienes llegan a obtener ganancias tan exorbitantes que incluso rebasan las del mismo narcotráfico.

En esta misma línea, retomando por ejemplo el caso de la Estafa Maestra, uno de los más emblemáticos y tristemente célebres pasajes de corrupción en nuestro país, acaecido en el sexenio pasado y donde salieron a relucir distintas y minuciosas formas de defraudación fiscal; este tipo de canonjías legales como la que acaba de hacerse válida con la decisión de la SCJN, viene a representar un argumento o una ventaja a favor de nefastos personajes como Rosario Robles Berlanga. Y es que a la extitular de la Sedesol, quien se encuentra presa por ese conocido caso de corrupción que involucró toda una red de complicidades entre dependencias públicas y universidades, apenas el pasado 20 de este mes se le había refrendado la medida cautelar de prisión preventiva, lo que podría revocarse con la invalidez de esta figura legal que dictaminó recientemente la Suprema Corte.

Con este antecedente y retomando este caso en particular, si todas las pruebas apuntan a la complicidad que Rosario Robles tuvo en la estafa Maestra, ¿sería prudente dejarla en libertad para seguir su proceso? ¿Se le daría con esto permiso para huir del país? Si esto sucede se sentará un mal precedente y el caminito sería trazado para que, todos aquellos que han cometido actos de corrupción y defraudación fiscal, puedan andar tan tranquilos, comiendo incluso en costosos restaurantes o declarando que son víctimas de una venganza política y de una saña personal del presidente en turno.

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