Opinión

Innovación tecnológica y acoso fiscal

LA HOGUERA

Por  Gabriel Yàñez Pérez

En esta era de constantes innovaciones tecnológicas, una de las frases que vuelve a cobrar vigencia es la “adaptarse o morir”, ya que con ella tendemos a justificar todo proceso evolutivo, lo que representa por tanto uno de los axiomas atemporales más socorridos y contextualizables. En la actualidad, la llamada Cuarta Revolución Industrial parece empeñada en abrir una brecha intergeneracional donde solo quien mejor se adapte a los cambios podrá salir adelante (Darwinismo Tecnológico). Y en este punto hay que reconocer que a los nativos digitales (milenial y centenial), siempre les resultará más sencillo adaptarse a la irrupción de esos nuevos y cada vez más sofisticados dispositivos y aplicaciones que constantemente están saliendo al mercado.

Las nuevas tecnologías tienen como propósito mejorar nuestra calidad de vida, y un ejemplo es sin duda la aplicación de estas en la función pública, donde el propósito es reducir tiempos y costos, así como evitar la corrupción. Aquí en Sinaloa, muchos hemos sido testigos de las bondades de estas innovaciones tecnológicas, donde para muchos trámites ya no ocupamos hacer largas filas y todo puede hacerse en línea. Sin embargo, la tecnología puede también ser usada como un mecanismo de control gubernamental, convirtiendo al Estado en ese gran hermano que nos mantiene vigilados y cautivos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones

Configura y elige tus preferencias

Como ejemplo de estas disposiciones está el anuncio que hicieron, apenas el pasado 19 de noviembre de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Asociación de Bancos de México (ABM), en relación con la implementación (a partir del uno de enero del 2020) de un sistema de facturación instantánea. Con esta nueva disposición, las tarjetas bancarias (crédito y débito) que poseamos, van a tener vinculado nuestro RFC, de modo tal que al hacer un pago con ellas, se va a generar un código QR (Quick Response) en el que quedará instantáneamente grabada la factura. El registro del RFC se hará primigeniamente de forma manual en cualquier terminal de punto de venta o en el mismo banco. Inicialmente los argumentos que se esgrimen para operar dicho sistema son evidentemente muy bondadosos, ya que condensarán los datos para la factura y se agilizará la expedición de estas, evitando que ello pueda representar una carga administrativa y económica.

Hasta a aquí todo muy bien; sin embargo, como la burra no era arisca, esta situación no deja de generar ciertas suspicacias, dudas y desconfianza, como el hecho de que esta disposición sea de aplicación general, independientemente de si ocupamos facturar o no. Por otra parte, resulta interesante leer entre líneas lo expresado por la titular del SAT durante la presentación de este esquema, cuando dijo que “lo que se busca es romper el paradigma de que lo fiscal debe estar separado de lo financiero”. Esta declaración nos suena más a una amenaza, en el sentido de que ahora todo lo que gastemos será escrupulosamente auditado, y en caso de caer en una omisión o discrepancia fiscal (como lo estipula la Ley del ISR), podemos, de acuerdo a las últimas reformas legislativas, ser acusados de delincuencia organizada e incluso, en tanto se dictamina al respecto, ser sujeto de una extinción de dominio. Además, la vinculación del RFC no solo tiene como objetivo las tarjetas de débito que actualmente existen en el país (100 millones) y de crédito (25 millones), sino que va también hacia un enlace con las credenciales del INE, por lo que la tendencia es a tener el mayor control posible de todos los datos del ciudadano. Todo esto, evidentemente vulnera la privacidad de nuestra ya de por sí muy prostituida información personal, la cual circula por doquier (legal e ilegalmente) y se convierte en moneda de cambio para empresas e instituciones que constantemente nos acosan con llamadas para ofrecernos sus servicios (tarjetas, productos, membresías, etc.). 

Por otro lado, para evitar que esta innovación (tecnológica-fiscal) propicie un aumento en las transacciones en efectivo, el Gobierno federal contempla también implementar una política hacendaria de desmonetización, a efecto de ir disminuyendo gradualmente el flujo de efectivo y obligándonos a que en un futuro (no muy lejano) la gran mayoría de nuestras compras sean electrónicas. Y así como este caso, hay una infinidad más donde la tecnología puede representar un arma de dos filos, ya sea como una amenaza a nuestras libertades y derechos humanos, como una manera de vulnerar nuestra democracia, o inclusive, como una invasión a nuestra intimidad. 

Ojalá y estas disposiciones fiscales no se extralimiten y que, si en verdad la intención es generar una mayor recaudación, que esta sea pareja para todos, sin exenciones ni privilegios, y que ello (impuestos) se nos retribuya en más y mejores servicios públicos. 

No te pierdas las últimas noticias

Suscríbete a las notificaciones y entérate de todo