Opinión

Politización: la salida más cómoda

LA HOGUERA

Por  Gabriel Yàñez Pérez

Y parece que de nuevo agarraron cuerda nuestros legisladores para seguir con el tema de las cuentas públicas. Con una nueva declaración al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Dip. Graciela Domínguez Nava, volvió a echarle leña a la hoguera y esta vez con la esperanza además de que las pavesas desprendidas de la ignición de este conflicto, volaran o llegaran hasta el presidente de la república, aprovechando por ahí que el mandatario anduvo de gira por la entidad.

En esta ocasión, el reclamo fue directo al gobernador por haber observado (vetado) el primer paquete de las cuentas públicas que el Pleno reprobó al avalar el dictamen de rechazo elaborado por la Comisión de Fiscalización. Aquí lo lamentable es que este asunto vuelve a ventilarse en los medios en lugar de buscar las formas y canales institucionales para dirimir las controversias, sobre todo porque el tema aún no concluye y lo más seguro es que se siga la misma ruta con las otras cuentas públicas que fueron dictaminadas. Por otra parte, con estas acciones mediáticas nos da la impresión de que, para deslindarse del tema y evadir su responsabilidad, no son pocos aquellos que siguen argumentando que todo se politizó y eso les ha impedido llegar a acuerdos.  Esas afirmaciones son una salida muy cómoda para zafarse del conflicto, pues desde la perspectiva de la ontología, todo es político a final de cuentas, ya que como lo señala claramente en un artículo la antropóloga holandesa Annemarie Mol, no existe campo del ser que no sea político, pues todo se da dentro de un ordenamiento contingente y vinculante gracias al cual se produce la realidad. Y si esa realidad aborda además temas de interés público que involucra la intervención de los poderes del Estado, pues es ocioso y hasta tendencioso insistir en eso de la politización de los asuntos públicos y adjudicarle a ello que las cosas no avancen.

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De lo expresado anteayer por la presidente de la Jucopo, en el sentido de que no es facultad del gobernador vetar los acuerdos que adopta el Congreso; lo que debe quedar muy claro es que la determinación que en este caso tomó del gobernador no obedece a una causal de forma, sino de fondo. Lo que el Ejecutivo le observa al Legislativo es derivado de una inconformidad con la decisión de este último, quien procedió a modificar la figura jurídica en que deben presentarse los dictámenes en materia de fiscalización y rendición de cuentas. Es decir, los mismos argumentos legales que se esbozan para reprochar que dichos acuerdos no hayan sido publicados, son en cierta forma un contraargumento que le da sentido a esa negativa de publicarlos. Para que quede más claro, el artículo 46, fracción III de la Constitución local, señala que el gobernador podrá hacerles observaciones a los proyectos de leyes o decretos aprobados por el Congreso antes de su promulgación. Este precepto legal, efectivamente, excluye la figura del acuerdo, pero en el mismo sentido, para que un acuerdo sea publicado debe ineluctablemente configurarse como tal, es decir, que no se pueden manejar indistintamente las figuras legales que existen, ya que cada una de ellas tiene una razón de ser en función de sus alcances y consecuencias  jurídicas.

En este sentido, la extralimitación se dio de origen al sacar como un acuerdo interno, una resolución (sobre cuentas públicas) que por su trascendencia social y su vinculación legal (derechos y obligaciones), debió estructurarse jurídicamente como un decreto, determinación que especifica la misma Ley de la Auditoría Superior del Estado. Así pues, amable lector, no nos hagamos bolas. La cosa es muy sencilla, que se politice un tema como el de las cuentas pública es natural en un régimen democrático, y más aún en un Gobierno dividido como el que tenemos actualmente en Sinaloa. Lo inaceptable es que bajo esa premisa se pretenda engañar a la sociedad y se aproveche para tergiversar las leyes dándole una interpretación a conveniencia.

Las reformas a la ASE aprobadas por el Pleno apenas el jueves próximo pasado, vendrán a corregir en gran medida las ambigüedades legales que actualmente prevalecen. Sin embargo, aún quedan algunos pendientes que debieron haberse resuelto desde hace años, como es la instauración de la Unidad Técnica de Evaluación. De no concretarse esta área, la Comisión de Fiscalización no tendrá el soporte técnico para dictaminar los informes de las auditorías, lo que nos llevará a nuevos conflictos el próximo año.

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