Opinión

Los claroscuros de los diputados

LA HOGUERA

Por  Gabriel Yàñez Pérez

Transcurridos más de dos años de la presente sexagésima tercera legislatura en nuestro estado, hemos sido testigos de aciertos y desaciertos. Los hemos visto desgarrarse las vestiduras por temas controversiales y polémicos como el matrimonio igualitario, así como llevar al extremo sus filias y fobias en nombramientos como el del Ismujeres o bien en los reajustes presupuestales. Pero del mismo modo, también les hemos aplaudido cuando se han puesto de acuerdo para sacar relevantes iniciativas como las reformas a su ley orgánica, en el apartado de fiscalización y rendición de cuentas, algo que consideramos de trascendental importancia porque contribuye a clarificar los procedimientos normativos para darle una mayor certeza al uso y destino de los recursos públicos. Con ello se espera que el próximo año todo fluya sin conflictos y controversias, como los que se suscitaron con las cuentas públicas 2017 y 2018.

En esta ocasión, en menos de una semana el Congreso del Estado vuelve a dar muestra de sus extremos, y es que apenas el pasado martes 17 del mes en curso los diputados rechazaron un punto de acuerdo (de obvia y urgente resolución les llaman ellos) donde se recrimina la arbitraria e inconcebible clausura que sufrió en Ahome la clínica Mi Salud por parte del Gobierno municipal que encabeza el desequilibrado mental de su alcalde Billy Chapman. Hago un paréntesis en este punto para que no olvidemos todas las barbaridades que ha cometido este individuo, lo que bien nos puede llevar a reflexionar si así como en Perú, donde se destituyó a su presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral, no podría igualmente hacerse aquí un juicio político para destituir a Chapman, pero por incapacidad mental.

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Pero, bueno, en este caso los legisladores y legisladoras locales tuvieron una enorme oportunidad para haber demostrado que son garantes del Estado de derecho y se preocupan además por la salud de los sinaloenses, particularmente de los ahomenses. Pero no, lamentablemente decidieron anteponer otro tipo de intereses por encima del bienestar de la población.

Sin embargo, como ya estamos acostumbrados a los altibajos de esta legislatura, el día de ayer nuestros diputados nos sorprendieron aprobando (¡por fin!) las reformas a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES). Un pendiente que no podía postergarse más y que, si bien se da en el curso de una nueva dirigencia del Stase, siendo congruentes y justos, debemos reconocer que la iniciativa y los mayores esfuerzos para que esto se diera fueron de su anterior dirigente, Gabriel Ballardo Valdez.

Con estas reformas a la Ley del IPES, se podrán finalmente jubilar todos aquellos trabajadores que ya alcanzaron a cumplir los años de servicio que se establece para ello, pero que por un candado puesto en el 2009 no podían hacerlo, ya que además de cumplir con sus años de servicio (30 para los hombres y 25 para las mujeres), se les obligaba a seguir laborando hasta cumplir con una edad biológica que establece la tabla del IPES, la cual, además de vejatorio, se prestó a muchas malinterpretaciones. Del mismo modo, una vez publicado este decreto de reformas, a partir del primero de enero del 2021 las pensiones que reciben los beneficiarios de aquellos trabajadores pensionados o jubilados que hayan fallecido ya no será el equivalente al salario mínimo vigente, sino que ahora será el importe íntegro (100 por ciento) de la pensión que el trabajador recibía en vida.

Por último, y no menos importante, es el hecho de que se le da cumplimiento a una añeja y justa demanda de los trabajadores pensionados y jubilados del Stase, al incrementárseles de 35 a 50 días lo que se conoce como haber de retiro (concepto de prestación económica usado en el ámbito militar), y que es esa gratificación anual que, a manera de aguinaldo, reciben los trabajadores pensionados, pero que no se conceptualiza como tal para evitar precisamente que se vean afectados por las deducciones de ley.

Por último, pero no menos importante, es destacar que esto no hubiera sido posible sin la voluntad política del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien después de muchos análisis y, a pesar de lo austero que vendrá el presupuesto para el próximo año, logró encontrar las condiciones para hacerle frente a ese enorme impacto que representa para las finanzas públicas el tener que cumplir con los compromisos asumidos con los trabajadores en esta nueva reforma a su sistema de pensiones. Felicidades, pues, a los trabajadores del estado por este logro obtenido. Así también, aprovecho para extender una sincera felicitación al amigo José Carlos Álvarez Ortega, a quien ayer el Congreso aprobó su reelección por un nuevo periodo como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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