Opinión

Grupo México o la avaricia

HISTORIAS DE REPORTERO
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Por: Carlos Loret de Mola

Por sabido se calla. Todo empresario tiene una buena dosis de ambición y los hombres de negocios no son hermanas de la caridad ni filántropos (aunque los hay); antes que generar bienes útiles para la sociedad, su objetivo es ganar dinero; entre más, mejor.

Esas son las reglas de juego. En el mundo, son hombres despiadados y con pocos escrúpulos quienes han logrado amasar las mayores fortunas: aplastando a sus competidores, comprando políticos, intimidando a las autoridades... La peculiaridad mexicana es que algunos de los mayores capitales se han hecho al amparo del poder político.

Así ocurrió con Jorge Larrea, fundador del emporio que hoy conduce su hijo, Germán Larrea Mota Velasco, según se dice, el segundo hombre más rico del país: un personaje oscuro, beneficiario de privatizaciones amañadas, e insensible al empobrecimiento y los riesgos de sus trabajadores y al dolor de sus familias.

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Accidentes graves como el de Pasta de Conchos, en Coahuila, calificado por algunos como un "homicidio industrial", que dejó 65 muertos y reveló algunas de las torceduras del consorcio, no cambió nada: sus empresas han seguido obteniendo utilidades fabulosas (a la sombra de un marco jurídico de República Bananera) con escasa contribución a las finanzas públicas y, menos, a su entorno. No hace mucho, Larrea amenazó con llevarse sus inversiones fuera de México si se le aumentaba la ridícula carga impositiva al millonario negocio de la extracción de minerales.

Sin embargo, nada de esto parecía ubicarlo en el ojo del huracán hasta que una de sus empresas, Buenavista del Cobre, derramó 40 mil metros cúbicos de productos tóxicos sobre las aguas de dos ríos de Sonora; sólo entonces parece haber llegado a su límite la suerte de este conglomerado y de su principal accionista.

La actuación de la empresa ante la tragedia —uno de los peores desastres ecológicos que ha sufrido el país— fue deplorable: en un primer momento, la información engañosa o falaz; más tarde, la altanería.

Los daños ocasionados son serios; pues, además de graves riesgos para la salud de la población y la integridad del hábitat, la actividad agrícola y ganadera ha sido profundamente lastimada, así como el suministro de agua potable a 7 municipios sonorenses, incluida la capital, ante el cierre de alrededor de 700 pozos de agua aledaños a los ríos contaminados.

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Algunas organizaciones ciudadanas —particularmente el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería— han exigido el cese de operaciones de la mina. Haciéndose eco del reclamo ciudadano, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión —con apoyo de todas las fracciones parlamentarias— exhortó a la Secretaría de Economía a cancelar la concesión de Grupo México para operar la mina de Buenavista del Cobre.

Ante la insolencia de Grupo México y la ridícula multa de 40 millones de pesos, la máxima prevista por la ley, el gobierno federal desplegó sus artes para "persuadir" a Larrea de crear un fideicomiso con una aportación inicial de dos mil millones de pesos para la reparación de los daños.

El tema no está cancelado. Hay mucho por hacer. Los tres órdenes de gobierno tienen responsabilidades y atribuciones que ejercer para evitar más daños de la explotación minera. Por su parte, el Poder Legislativo debe revisar las leyes en la materia para que respondan a los riesgos de esta actividad. Si el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, tiene razón, en el sentido de que no hay sustento legal para retirar la concesión, parece obligado establecer en el marco jurídico como principales causales: el daño ambiental y la negligencia industrial.

Por lo pronto, es imperativo conocer cómo se usarán los dos mil millones del fideicomiso. La sociedad no puede permitir que se "escurran" en manos de una burocracia corrupta o incompetente. Los expertos y funcionarios que integren el Comité Técnico deben garantizar que el dinero se aplique dónde debe ser y llegue a la población afectada. Urge establecer un sistema que permita mantener el seguimiento, mes a mes, del destino de esos recursos.

carlosloret@yahoo.com.mx