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Opinión

Elecciones y acciones afirmativas

Por Hada Rosabel Salazar Burgos

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En su concepto más amplio la democracia se concibe como el Gobierno de la mayoría, sin embargo, a la luz de la progresividad de los derechos humanos el reconocimiento a la diversidad se ha convertido en un valor entendido de la democracia, es por ello que en la actualidad los esfuerzos de nuestro sistema electoral están enfocados en lograr la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y la representación política de grupos minoritarios en el ejercicio del poder. En este orden de ideas, las acciones afirmativas son medidas especiales y temporales de carácter legal que dan un tratamiento especial a grupos históricamente discriminados para corregir las asimetrías y desventajas en el ejercicio de sus derechos y libertades. Específicamente, las acciones afirmativas en materia político-electoral son medidas que se establecen para garantizar a estos grupos el acceso a cargos de elección popular. Establecer acciones afirmativas no es una concesión que se hace a estos grupos, es una obligación que tienen todos los órganos del Estado mexicano la cual se desprende de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia que han sido suscritos por México. El balance que se presenta en el ámbito federal parte de la conferencia ofrecida por la Consejera Electoral del INE, Maestra Dania Paola Ravel, en la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos (Ammel). Antes del proceso electoral 2020-2021 a nivel federal solo se habían implementado acciones afirmativas el 2018 para que los partidos políticos postularan a personas indígenas en 13 distritos electorales; en el proceso actual se profundizó en estas medidas incrementándose a 21 distritos, pero además de manera novedosa y para dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver los expedientes SUP-RAP-121/2020 y SUP-RAP-21/2021 se aplicaron medidas para favorecer en el acceso a las postulaciones a: personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, personas afromexicanas y migrantes mexicanos residiendo en el extranjero. Así, las acciones afirmativas impulsadas por el INE mandataron a los partidos a nominar al menos: 30 personas indígenas (21 de mayoría relativa MR y 9 de representación proporcional RP); 5 personas de la diversidad sexual (2 MR y 1 RP), 8 personas con discapacidad (6 MR y 2 RP), 4 personas afromexicanas (3 MR y 1 RP) y 5 personas migrantes mexicanas residiendo en el extranjero (RP). Se buscaba que al menos el 10 por ciento de la Cámara de Diputados fuera ocupado por personas de los grupos en situación de discriminación vinculados con las acciones afirmativas implementadas, una vez realizada la elección el balance es exitoso pues serán 65 personas (13 por ciento) que integrarán la LXV legislatura por esta vía: 37 indígenas, 4 diversidad sexual, 8 con discapacidad, 6 afromexicanas y 10 migrantes. Hecha la ley, hecha la trampa. A pesar del éxito conseguido, son varios los retos, en primer lugar, se debe evitar la simulación, al respecto tomar en cuenta que la pertenencia a los grupos en situación de vulnerabilidad es por autoadscripción por lo que se corre el riesgo que las personas que estén accediendo a las postulaciones por la vía de las acciones afirmativas, mientan. Un aspecto que no abona a transparentar esta situación es que el TEPJF al resolver el expediente SUP-RAP-21/2021 estableció que las autoridades electorales deben salvaguardar el derecho a la intimidad y a la vida privada de las personas que acceden a los cargos producto de las acciones afirmativas; son las personas aspirantes las que deben decidir si hacen pública o no su información. Para la elección 2021, de las 443 fórmulas que postularon los partidos para cumplir con las acciones afirmativas mandatadas por el INE, 150 eligieron no hacer pública su información.

En el caso de las personas afromexicanas y de la diversidad sexual la autoadscripción fue por medio de una carta bajo protesta de decir verdad. Para las personas migrantes se pidió comprobar la residencia en el extranjero y para las personas con discapacidad se pidió acreditar dicha condición. El procedimiento está más pulido es en el caso de las personas indígenas, donde la postulación se dio por autoadscripción calificada, es decir, se implementaron una serie de reglas para verificar que las acciones afirmativas favorecieran en los hechos a las personas a las cuales estuvo dirigida dicha medida, eliminando así la posibilidad de simulación. Por otro lado, la premura con la que se implementaron las acciones afirmativas en 2021 para el resto de grupos en condiciones de vulnerabilidad, imposibilitó que los partidos pudieran incluir dichas consideraciones de manera oportuna en sus procesos internos de selección y que la autoridad electoral realizara estudios exhaustivos y estableciera diálogos con las comunidades vulnerables que permitieran construir procedimientos más rigurosos y transparentes para el acceso a estas postulaciones. Por ejemplo, para las personas migrantes y de la diversidad sexual lo deseable es que las personas candidatas puedan comprobar vínculos con la comunidad que aspiran a representar, situación que no estuvo prevista este año y en la que habrá de avanzarse de cara a comicios futuros. Otra cuestión que deberá analizarse de cara al futuro, es la interseccionalidad en las postulaciones, me explico, actualmente una persona que tiene alguna discapacidad y que, por ejemplo, pertenece a la diversidad sexual, además de ser migrante residente en el extranjero, al momento de competir debe autoadscribirse a uno solo de los tres grupos vulnerables a que pertenece, lo que invisibiliza las dos condiciones que no elija como autoadscripción. Por lo que hace a las elecciones locales en Sinaloa, este 2021 se implementaron por vez primera medidas afirmativas para personas de la diversidad sexual y personas indígenas; estas medidas permitirán que un 10 por ciento de las diputaciones en el Congreso local (4 curules) sean ocupadas por 1 hombre y dos mujeres indígenas y una mujer perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ. El reto de cara al 2024 para el OPL Sinaloa estará en extender las medidas afirmativas al menos a las personas con discapacidad. Hacer posible una acción afirmativa para que tenga representación en el Congreso la comunidad de sinaloenses migrantes residiendo en el extranjero es una situación más compleja. Sería de justicia trabajar esta posibilidad de manera conjunta con integrantes de la LXIV legislatura, ya que las remesas que envía esta comunidad ascendieron en el último año según datos de Banxico, a 1039.3 millones de dólares, que en pesos es el equivalente a poco más de un tercio del presupuesto anual del Gobierno del Estado.

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