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Hoy consumado, mañana consumido

GRAN ANGULAR

La locución latina consummatum est, que significa "se acabó todo" o "todo está cumplido" o "todo está consumado", y que Juan el evangelista atribuye a Cristo crucificado antes de expirar, se emplea, por su fatalidad, para referir algo que se cumplió como era previsible o que se acabó en medio de un desastre o un gran dolor.

Y aplica, en opinión de quien esto escribe, a lo ocurrido el fin de semana con la aprobación en el Senado de leyes que reglamentan la privatización de las industrias petrolera y eléctrica avalada por el Congreso en la reforma constitucional de diciembre pasado.

El plan privatizador que desde hace cuatro sexenios han empujado los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI, de acuerdo con los intereses multimillonarios del capital nacional y extranjero, está prácticamente consumado.

Falta el aval de la Cámara de Diputados que debe darse por descontado y que seguramente atestiguaremos esta semana o a más tardar la que sigue. Después será ley vigente sin que una gran cantidad de los mexicanos —los muchos que no se sienten representados por la partidocracia que los aprobó, aunque en contra se argumente que se procedió conforme a nuestra institucionalidad democrática— estén de acuerdo que ese es el camino que más le conviene al país.

Cierto es que nuestra industria energética debe sacudirse las insuficiencias y corruptelas que durante años la han sangrado, y que es preciso explorar nuevos esquemas de operación que den acceso a recursos y tecnologías que la hagan más eficiente para apuntalar el desarrollo nacional, crear empleos y detonar el crecimiento económico que ha sido casi nulo durante ese cuarto de siglo de gobiernos privatizadores.

Éstos argumentan que sólo con la reforma aprobada no disminuirá nuestra producción de petróleo, que por el contrario aumentará, que se tendrá acceso a la vanguardia en la explotación de gas y que la energía eléctrica será más barata.

Para lograrlo —si es que ese es el leal objetivo, no seguir enriqueciendo a los mismos de siempre— ¿era necesario y recomendable entregar de manera tan desventajosa esa riqueza nacional; compartir renta y producción petroleras, extraer gas esquisto a costa del deterioro ambiental de nuestras tierras, permitir la "ocupación temporal" de tierras ejidales o pequeñas propiedades susceptibles de explotación de hidrocarburos o eléctrica, o dejarla en manos casi totalmente del capital privado?

Durante la discusión en el Senado de las leyes energéticas, los privatizadores usaron como argumento central a favor de esas leyes, que quienes se oponen son unos nostálgicos del pasado y de la inmovilidad, adoradores de ideologías y nacionalismos trasnochadas.

Al paso les salió, contundente, el senador Alejandro Encinas quien sacó uno de los párrafos de la iniciativa de Ley Minera de Enrique Peña Nieto: "No se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación y el contrato para la exploración y extracción se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras, exclusivamente para las actividades de exploración y extracción de gas natural contenido en la veta de carbón mineral". Después recuperó otro, pero de la Ley Minera firmada por Porfirio Díaz el 24 de diciembre de 1901: "Los dueños de terrenos seguirán disfrutando de los derechos que concede el artículo cuarto de la Ley Minera y podrán, dentro de sus terrenos, hacer las exploraciones y las explotaciones de petróleo y carburos de hidrógeno gaseosos que deseen".

Encinas preguntó, ante la abrumadora similitud: ¿Quiénes son los nostálgicos del pasado, quiénes son los trasnochados, quiénes quieren regresar a los tiempos del caciquismo, de la cuchilla y de los peones de las haciendas?".

Al decir consummatum est, Jesucristo marcó el fin de su vida terrenal con la fatalidad de la muerte, pero abrió el camino a otra vida en la que creen los fieles de la cristiandad.

En este caso se consumó un plan pero aún queda otro recurso, el de la consulta popular. La ley que la reglamenta exige para su realización dos millones 700 mil firmas ciudadanas y que la Corte determine si se trata de un tema de interés nacional.

Lo es, aunque los leguleyos argumenten que las reformas a la Constitución no son susceptibles de consulta popular.

La importancia del asunto requiere que se concrete esa alternativa. Hay que dar la firma.