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Ignorancia, incongruencia e ilegalidad

PUNTO DE VISTA

EL PAS-UAS. Hace unas décadas en las universidades floreció la rebeldía juvenil en contra de injusticias y la antidemocracia que prevalecía en México y en el mundo. Nada que ver con lo que hoy sucede en la UAS, ya no hay rebeldía, hay sumisión y corrupción. Con la complicidad de la clase política, gran parte de la comunidad universitaria es usada como comité de apoyo del PAS y de su dirigente, y en Sinaloa es tal la ilegalidad que prevalece, que a nadie asombra que una institución universitaria se convierta en partido político. Brigadas del servicio social, estudiantes, padres de familia, maestros, personal administrativo y de confianza, son usados como activistas del PAS, contra su voluntad o con ella tienen que activar para dicho partido. En tanto los comités de precampaña de Heriberto Galindo, Diva Gastélum, Gerardo Vargas, Aarón Irízar y Daniel Amador, se ven "enclenques" y disminuidos comparados con la movilización de 'uaseños' a favor del PAS. ¿Por qué no cuestionan los precandidatos a gobernadores ese uso ilegal de la UAS, si les significa una competencia desleal? Por una razón muy sencilla, todos esperan que el PAS y Cuen, al final, se sumen a sus campañas políticas. Aparte de cómplices son ingenuos. El PAS-UAS trabaja para Cuen ahorita, pero en adelante dependerá hacia donde se muevan las aguas, y hasta donde los dejen llegar. Ya se sabrá.

IGNORANCIA. Hay un principio jurídico que dice que la ignorancia de las leyes no nos exime de su cumplimiento, en el caso de Sandra Luz Hernández, toda la clase política de Sinaloa mostró una ignorancia extrema sobre el contenido de la Ley General de Víctimas aprobada en México desde enero de 2013, y obligatoria en todo el territorio. Todo lo que hicieron en su caso es lo que prohíbe dicha ley, toda la respuesta que no le dieron, y la revictimización es lo que trata de evitar dicha norma. El problema es que ni los diputados federales conocen las leyes que aprueban, ni los funcionarios las leen y menos las aplican. El Congreso del Estado de Sinaloa cayó en omisión porque está obligado a expedir la Ley General de Víctimas en la entidad, el plazo era inicios de mayo, ya se venció. En tanto, el registro de víctimas, el fondo para resarcir los daños y la creación del sistema para atenderlas, sigue en espera. En Sinaloa la justicia para víctimas no existe.

FALTA DE CONGRUENCIA. No está mal generar instancias interinstitucionales para abordar y responder a la problemática de la violencia contra las mujeres en Sinaloa, pero de poco servirá sentar en la mesa a las representantes de mujeres y organismos no gubernamentales, mientras las omisiones y el desinterés por el tema continúe en las altas esferas de gobierno. Las omisiones vienen desde el presidente que abanderó el 50/50, pero que no le ha interesado la seguridad y protección de la vida de las mujeres, pasando por gobernadores, procuradores, secretarios de seguridad, incluyendo a los mismos institutos de mujeres. No ha sido prioridad combatir la violencia hacia mujeres, ni hay congruencia entre lo que se dice y hace.

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