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Imparcialidad obliga

GUASAVE

Dos sucesos marcaron ayer la incipiente administración de Armando Leyson, ambos con implicaciones políticas y sociales que deberán dirimirse por salud pública a la mayor prontitud, uno en el ámbito de la justicia penal y el otro de la justicia social.

La querella por presuntos desvíos en las áreas de Tesorería Municipal y la Junta de Agua Potable, por lo delicado es un asunto que merece ser tratado sin prejuicios y la imparcialidad a la que obliga el ejercicio de la ley.

Si como lo asume el síndico procurador, Juan Luis De Anda, la denuncia por supuestos malos manejos de los dineros públicos contiene suficientes elementos probatorios de sus dichos, finalmente se tendrá que llegar a lo último y la justicia llamar a cuentas a quien tenga que llamar.

El funcionario no abunda mucho en detalles sobre la comisión del delito que se acusa, no se sabe a quién, hemos de creer por la secrecía misma que establece la ley en casos como los que nos ocupa y que hoy es la comidilla del día en los círculos políticos.

Sin embargo la presunción de hechos delictivos seguramente debe tener remitentes muy específicos, que, con ganas de especular, pueden ser los titulares de las dependencias del Ayuntamiento a las que sí se les pone nombre: Tesorería y Jumapag.

Por lo que respecta al caso de la huelga de hambre de varios ex trabajadores del Ayuntamiento que reclaman una liquidación justa, es necesario se encare y resuelva, también dentro de los términos jurídicos, pero sin que ello por otro lado sea óbice su encuadramiento al más elemental sentido humanitario que exige el ejercicio del gobierno.

Que ambos casos contienen pesada carga política y que pueden relacionarse entre sí, por efectos de lo que dicen es una traumática transición de gobierno en la que los actores principales representan a encontrados intereses políticos, no estamos en condiciones ni de negarlo, menos dar las versiones en tal sentido como una verdad de a kilo.

Lo único que se observa por encima de los dos asuntos es que por una parte el síndico procurador está obligado, primero a no dejar "mocho" el proceso si acaso como luego dicen tiene los "pelos de la burra en la mano"; segundo si así fuera, que la denuncia finalmente no vaya a terminar en una "negociación política" de las que se acostumbran.

Es decir, si como dicen que la huelga de hambre de los exempleados que exigen liquidación y el enjuiciamiento penal formulado por el nuevo gobierno y dirigido a funcionarios de la anterior administración, tiene orígenes políticos, se verían muy mal que las partes en conflicto, "cambalachen" las respectivas soluciones y al caer la tarde, todos terminen felices y contentos.

Dar a cada quien en ambos casos lo que merece, sería el desenlace justo y deseable, lo contrario sería dar la razón a quienes dicen que todo esto no es más que circo, maroma y teatro.

No estaría tan seguro.- Dice Ernesto Cordero, candidato a la dirigencia nacional del PAN a propósito del espaldarazo del alcalde Armando Leyson, quien no se considera panista, que es cosa que no le preocupa, "pues ni siquiera vota".

La verdad es que Cordero no debió ningunear a Leyson que aún sin tener voto en la elección que se celebrara, si tiene control político en el municipio sobre una gran parte de la militancia blanquazul y por lo tanto en condiciones de inducir el respaldo en las urnas.

Que los panistas no pintan en el padrón, quizá, pero lo cierto es que uno, dos o 100 votos pueden contar.