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Opinión

Imprevisión legal y cobranza ilegítima

Por: Saúl Lara Espinoza

Hace casi cinco lustros, este servidor formuló un par de proyectos legislativos para solventar un serio fenómeno de carácter jurídico derivado del famoso error de diciembre de 1994. Uno relativo a la imprevisión legal y otro respecto a la cobranza ilegítima. El primero es de naturaleza civil y el segundo de índole penal.

La teoría de la imprevisión es un tema jurídico muy técnico de aplicación práctica y sumamente útil en las relaciones contractuales. Sirve tanto a empresas como a clientes. Su regulación atañe al órgano legislativo.

La solución de controversias derivadas de dichas relaciones compete a la institución de impartición de justicia. Por lo que dicha teoría concierne a todos. Puede echarse mano de ella en determinadas circunstancias financieras adversas.

Tal teoría se conoce en latín como cláusula Rebus sic stantibus, de origen romano muy antiguo, que en castellano quiere decir “estando así las cosas”.

En palabras más sencillas, significa que, si las circunstancias de hecho bajo las cuales se suscribió un contrato llegaren a cambiar de manera significativa que afecte a las partes, esté contemplada tal situación en sus cláusulas a partir de la ley, y se pueda reclamar su revisión.

Por ejemplo, si en determinado tiempo después de firmado un contrato llegare a suceder una crisis económica generadora de alta inflación que produzca una alza desmesurada de precios y un fuerte desempleo, de tal manera que las circunstancias de hecho serían muy distintas para ambas partes, especialmente para el deudor de los créditos otorgados a través de dicho contrato, cuya situación hace impagable la deuda contraída, como ha sucedido en diversas crisis económicas y financieras en este país.

Se trata de personas que en su momento fueron solventes económica y moralmente; de donde resultaron ser sujetos de crédito, y que en su momento por ello se les otorgaron los mismos, pero que, por esa u otra circunstancia ajena a su voluntad cayeron en insolvencia.

Es ahí donde entraría a funcionar contractualmente dicha teoría, y también las empresas que otorgaron dichos créditos, les hubiese permitido gestionar y hacer efectivos los seguros correspondientes durante determinado tiempo, derivado de las propias cláusulas contractuales.

De esa manera, las empresas crediticias hubiesen reducido, o atenuado, cuando menos en su momento, las pérdidas sufridas por ese fenómeno económico tan drástico. También se hubiese evitado, en gran medida, la acumulación de carteras vencidas impagables.

Esto último por lo regular genera hostigamiento desmesurado y poco ético de algunos despachos dedicados a la cobranza; fenómeno que genera hasta serios problemas de salud en deudores que han caído en desgracia por razones imprevisibles y ajenos a su voluntad, como por ejemplo, las derivadas del famoso error de diciembre de 1994.

Ante lo cual, desde esa época vimos la necesidad de solventar ambos fenómenos –la imprevisión legal y la cobranza ilegítima– por la vía legislativa.

Para ello formulamos –desde 1995– un par de iniciativas: una para adicionar el Código Civil para el Estado de Sinaloa, con el propósito de instituir la figura de la imprevisión legal; y la segunda con la finalidad de tipificar como delito la cobranza ilegítima, ya que existe una mala e indeseable práctica en la misma por algunos despachos que se dedican a ella; haciéndolo sin el más mínimo código de ética, mediante ciertas amenazas que son impropias, fuera de todo procedimiento jurisdiccional y legal.

La primera cuestión ya se practica en algunos contratos crediticios, sobre todo de índole bancarios. La segunda ya fue instituida aquí en Sinaloa a nuestra instancia, mediante una adición al Código Penal Sustantivo, por el que se tipificó el delito de cobranza ilegítima.