Opinión

Impuesto predial, criterio relevante en Sinaloa

SOCIEDAD Y DERECHO

Por  Juan Bautista Lizárraga Motta

El impuesto es una de las clases de tributos previsto por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone (transcripción): Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (…) IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Los impuestos, en la mayoría de las legislaciones (si no es que en todas), surgen exclusivamente por la “potestad tributaria del Estado”, principalmente con el objetivo de “financiar su gasto público”. Una de sus característica fundamentales es la “capacidad tributaria”, la cual establece que, quienes más tienen, deben aportar en mayor medida, para sufragar el financiamiento estatal.

Los impuestos son: cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al Estado, el cual los necesita para funcionar, ya que, de no ser por estos, no dispondría de fondos suficientes para costear los servicios públicos, tales como de seguridad (policía), sanidad, educación, etc.

De tal forma que los impuestos constituyen una exigencia pecuniaria, la cual es obligatoria para los que están en el hecho imponible, encuentra su reglamentación en el sistema de fiscalización.

El impuesto predial (palabra que refiere a predio, heredad o posesión de inmueble), es la fiscalización a cargo de los Municipios, quienes tienen como facultad y obligación cobrar los impuestos que se tienen que pagar derivados de los bienes raíces.

Los montos del impuesto predial es un porcentaje respecto del valor del inmueble que los genera y que sirve de base para su cálculo, los valores de los bienes raíces se actualizan de manera anual, iniciando su vigencia en el primer día de cada año, posterior a la publicación del decreto que para el efecto emitan las legislaciones y promulguen los gobernadores de cada entidad.

En Culiacán, Sinaloa, algunas personas inconformes con los montos, procedimientos y bases mediante los que se determinó el impuesto predial aplicable a ese municipio, por considerarlos inconstitucionales, interpusieron juicios de amparos, los cuales dieron como resultado sentencias de sentidos paradójicos, generando la necesidad de unificar criterios, dictándose así por los Tribunales Colegiados del Décimo Segundo Circuito, la contradicción de tesis de rubro: Impuesto predial. Efectos del amparo ante la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio de los decretos 226 y 24 que establecen los valores unitarios del suelo y de las construcciones del municipio de Culiacán, Sinaloa, para los ejercicios fiscales 2015 y 2017, publicada en la página de internet del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta la jurisprudencia por el pasado viernes 15 de marzo de 2019.

El acto reclamado y materia de los amparos fue, en específico, el ar-tículo segundo transitorio de los Decretos 226 y 24 publicados en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el 19 de diciembre de 2014 y el 23 de diciembre de 2016, que establecieron los valores del terreno y de las construcciones ubicados en el municipio de Culiacán, para los ejercicios fiscales de 2015 y 2017, los cuales señalan, en similares términos, que el importe del impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será mayor en un porcentaje del 4 y 3 por ciento, respectivamente, con respecto a años anterior, excepto en lo que se refiere a los predios que se integren al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

La jurisprudencia por contradicción a la que nos referimos dispone que, los porcentajes mencionados constituyen la adición de un elemento que debe considerarse al realizar el cálculo del impuesto predial que no es aplicable a todos los contribuyentes del tributo, sino solo a aquellos que se ubiquen en su hipótesis jurídica, en tanto que sus elementos esenciales (sujeto, objeto, tasa, tarifa y época de pago) se encuentran previstos en los artículos 30, 31, 34, 35 y 37 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, razón por la cual no se está ante un elemento esencial del tributo, sino de una forma alterna de calcularlo que repercute en la tarifa, no como un elemento esencial, sino como una variable de esta, por lo que los efectos del amparo concedido por la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio de los decretos mencionados significa únicamente que no se obligue al contribuyente a calcular el impuesto en los términos fijados, pero no significa que no deba pagar el impuesto predial, ya que no se le puede relevar de esa carga impositiva, pues dicha obligación se encuentra prevista y procede de la ley, en tanto que el precepto transitorio apuntado solo contempla una variable en la tarifa para el cálculo del impuesto predial.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad.

¡Hasta la próxima!