Opinión

Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior

Dicha ley es un ordenamiento jurídico lleno de veneno de corte fascista y dictatorial. El tiempo nos dará la razón.

Por: Saúl Lara Espinoza

Esta brevísima colaboración para EL DEBATE, es producto del análisis exhaustivo de la referida ley, derivada de cuatro iniciativas propuestas por diversos legisladores federales —2 senadores y 43 diputados, de cuatro partidos políticos, PAN, PRI, PRD y PVEM—.

La realizamos a partir de un examen constitucional de carácter histórico, lógico, armónico y sistemático, y por supuesto de índole estrictamente jurídico. Es decir, apartados de una interpretación política o de inclinación ideológica.

De dicho análisis llegamos a la conclusión, que de origen, las citadas iniciativas están plagadas de muchas inconsistencias y ambigüedades, que derivó en una Ley contraria a nuestro orden constitucional, ya que, para empezar, el Congreso de la Unión ni siquiera tiene facultades expresas para emitirla, aun cuando forzada y engañosamente el artículo 1° de la misma se sustenta supuestamente a lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 de la Ley Suprema, a pesar de que en sentido estrictamente jurídico, no tiene atribuciones específicas para expedirla, puesto que dicha disposición constitucional se refiere a la materia de seguridad nacional, y no a la de seguridad interior. Y ambas tienen objetos distintos.

La primera —Ley de Seguridad Nacional—, tiene como propósito esencial mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, frente a las amenazas de Estados extranjeros a nuestra soberanía nacional, y la segunda se vincula con cuestiones de índole político y de seguridad pública, cuya base de esta última se encuentra en el artículo 21 constitucional, respecto de lo cual ya existen ordenamientos jurídicos secundarios sobre esta última materia; y por consecuencia, se tornaba innecesaria la expedición de la Ley de Seguridad Interior, sí es que la conciben o concebían erróneamente como una misma cosa.

Esta última ley es contraria, técnicamente y en los hechos, entre otros, a los artículos 1, 14 y 16 constitucional; disposiciones que versan sobre algunos derechos humanos y sus garantías.

El artículo 1 dispone, entre otras cosas, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Ley Suprema establece.

También ordena a todas las autoridades del país, en el ámbito de sus respectivas competencias, que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Dentro de dichas autoridades están todas las policías, incluidas por supuesto las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; cuya Ley de Seguridad Interior propiciará actos arbitrarios de estas dos últimas instituciones de origen popular; lo cual desnaturaliza sus funciones esenciales desde el punto de vista constitucional, al ser empleadas, en la práctica, por el gobierno civil para reprimir a la ciudadanía so pretexto de la seguridad pública, como si viviésemos permanentemente en un estado de excepción; cancelando las más elementales libertades de los mexicanos, y entre otras, la manifestación pacífica como si estuviésemos material y permanentemente en un estado de excepción o de sitio.

Aunque su artículo octavo diga lo contrario, pero será interpretado y aplicado en sentido inverso. Los hechos así lo indican y están a vista todos los días en diversos rincones del país. Sinaloa no es ni será ajeno a ello.

Por lo que respecta al artículo 14 constitucional, que protege, por ejemplo, de actos privativos contra la vida y la libertad personal también es y será vulnerado. Mientras que el artículo 16 de la misma Ley Suprema, nos salvaguarda en contra de actos de simple molestia en las personas, propiedades, posesiones, papeles y cosas que, a la sombra u oscuridad de la siniestra Ley de Seguridad interior, posibilitan aún más ser atropellados dichos derechos humanos elementales del pueblo mexicano, como sucede ahora y sucederá con mayor frecuencia.

Los actos concretos de inconstitucionalidad sucederán con mayor fuerza irracional, a raíz de que la referida ley es muy ambigua o imprecisa, y ella se prestará para mayores atropellos a los derechos humanos, e incluso, para los actos crueles e infamantes prohibidos por el artículo 22 de la propia constitución, respecto de los cuales a diario dan cuenta los diversos medios de comunicación, así como los organismos nacionales e internacionales protectores de los dichos derechos.

Por ello, dicha ley es un ordenamiento jurídico lleno de veneno de corte fascista y dictatorial. El tiempo nos dará la razón.