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Infonavit extravió el rumbo

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL

Fundado en 1972, el Instituto Nacional del Fondo Nacional para los Trabajadores (Infonavit, por sus siglas) llegó a convertirse en una de las organizaciones gubernamentales con mayor impacto social, pues permitió a miles, quizá a millones de obreros, acceder a una vivienda mediante un crédito o el derecho a que, en su defecto, las aportaciones les fueran reintegradas.

Al paso del tiempo, el Infonavit resolvió a amplios segmentos ciudadanos, principalmente a aquellos que por sus condiciones salariales no tenían oportunidad de construir su propio techo.

Sin embargo, de unos años a la fecha, y a medida que a los gobiernos federales iban inundándose de tecnócratas con una visión muy lineal sobre el sentido del ejercicio del poder, al que se llegaba con ánimos mercantilistas, para extraviar el rumbo del carácter social que debe de tener la administración pública.

Perdido entonces el espíritu social, los gobiernos priistas, a los que habrían de sumarse por 12 años los panistas, las reglas del Infonavit fueron cambiando a base de reformas a la ley, al grado de que hoy ya no opera directamente la construcción de viviendas, sino que son subrogadas a empresas privadas que, por otro lado, en su calidad dejan mucho que desear.

Con ser malo lo anterior, no es lo peor en la transformación del espíritu social con el que fue concebido, al de actitudes mercantilistas e inhumanas, concesiona la recuperación de los créditos también a despachos particulares de cobranza.

Inmorales y sin ninguna pizca de solidaridad para cientos de miles de deudores que por diversas causas han entrado en estado de morosidad a causa de las severas crisis que desembocan en el desempleo y bajos salarios, esas empresas privadas se dedican a hostigar a los derechohabientes, llegando incluso al embargo de las viviendas, causándoles un daño patrimonial sin precedente en la historia moderna de este país.

Son las reglas, dicen los irresponsables, fríos e insensibles funcionarios del Infonavit para los que no valen los argumentos de la pobreza en la que han desbarrancado a los derechohabientes las malas políticas gubernamentales, mientras los despachos de cobranza hacen trizas los derechos de los trabajadores.