Opinión

Insulto a los ciudadanos

ACENTO

Por  Jorge Luis Lozano Pastrano

Insulto a los ciudadanos(Foto: EL DEBATE)

Insulto a los ciudadanos | Foto: EL DEBATE

Mucha razón tiene el director del Acuario Mazatlán, Pablo Rojas Zepeda, cuando dice que es una burla para los mazatlecos la sentencia impuesta por los juzgados a los tres exfuncionarios estatales encontrados responsables del colapso del tiburonario.

Por un acuerdo establecido por el Gobierno estatal que encabeza Quirino Ordaz Coppel, y los representantes legales de los imputados (Dionisio Sánchez Félix, exdirector de Control Administrativo; Armando Trujillo Sicairos, exjefe del Departamento de Concursos y Contratos; y José Luis Ulloa Miranda, exjefe del Departamento de Seguimiento Documental y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado) estos solo serían obligados a retirar el acrílico dañado que provocó el colapso de la pecera y a tapar el área con concreto.

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De esa forma se dejó a un lado la demanda para el reparo de daños calculados en más de 34 millones de pesos o siete años de cárcel y la inhabilitación hasta por 13 años en la función pública, que propuso la Fiscalía Anticorrupción para los implicados, al acreditar durante el juicio la licitación de obras a modo con lo que se benefició a los constructores del tiburonario.

Para la administración del Acuario Mazatlán, que dirige ahora Rojas Zepeda, el caso no está cerrado. Por ello interpuso una apelación a la sentencia. La dependencia exige que haya una reparación del daño físico y económico.

El recinto, cuyo costo al erario durante la administración estatal que encabezó Mario López Valdez fue cercano a los 90 millones de pesos, es usado ahora como simple bodega, en tanto se obtiene una resolución de los tribunales a la apelación presentada. 

Aún hay una oportunidad para que el tiburonario, que fue planeado como un atractivo turístico, deje de ser un monumento a la impunidad y se convierta en ejemplo de la lucha contra la corrupción.   

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