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Interés sin conflicto

En las discusiones sobre la legislación secundaria de las reformas constitucionales realizadas el año pasado han aparecido indicios de varios conflictos de interés. El más reciente es el de la diputada Purificación Carpinteyro, a la que le han publicitado una supuesta conversación que la implicaría en negocios asociados a la ley de telecomunicaciones. Su partido, el PRD, la ha retirado de las comisiones encargadas de procesar el dictamen de esta ley y con ello quiere poner el ejemplo a los demás partidos para que procedan con la misma congruencia.

El conflicto de interés pude definirse como una situación en la que una persona participa en la toma de una decisión que afecta a terceros con los que tiene una relación de simpatía o antagonismo predefinidas por razones ajenas al asunto que involucra la decisión en cuestión pero que influyen en ella a favor o en contra de dichos terceros. Por ejemplo, una asociación económica o la presencia de un antecedente de conflicto entre las partes. Sin embargo, la legislación nacional no es suficientemente enfática para evitar o castigar las conductas que implican conflicto de interés. La ley de servidores públicos señala que estos deben excusarse de incurrir en este tipo de situaciones para favorecer o perjudicar deliberadamente y por motivos ajenos al interés público a cualquier persona física o moral, pero carece de herramientas que disuadan de esa práctica a los que suelen incurrir en ella o aspiran a hacerlo.

De ahí que observemos constantemente la intervención espuria de agentes políticos que deliberadamente utilizan espacios dedicados al servicio público para beneficio personal o de los grupos a los que sirven. La "telebancada", los representantes de corporaciones, los funcionarios que otorgan privilegios o beneficios (como los "moches"), a favor de intereses particulares de los que se benefician ellos mismos directa o indirectamente, son ejemplos de estas situaciones.

Hasta qué punto los intereses particulares pueden aspirar, legítimamente, a representación e intervención en las decisiones públicas en favor propio. Es obvio que la sociedad no está constituida primordialmente por el interés público, sino por una multiplicidad de expectativas propias, individuales o de grupo; y será siempre una tendencia natural el tratar de inclinar la balanza de las decisiones colectivas a favor de esas expectativas e intereses. También es comprensible que los órganos del poder público estén constituidos por personas que, como todos, tienen intereses propios y que estos pueden entrar en conflicto con el interés del conjunto de la sociedad. De ahí la necesidad del equilibrio y de ahí el origen del interés público y colectivo que únicamente se pueden conseguir por la vía de reglas aplicables con amenazas de sanción creíbles.

En todas partes del mundo y en los sistemas democráticos la práctica del cabildeo es concomitante a la relación entre lo público y lo privado. El problema central, pues, no es su existencia sino su regulación. Conocer por parte de la opinión pública las reglas a las que están sujetos los servidores públicos, la distancia que debe mediar entre ellos y los intereses privados, la distinción de las prácticas legitimas de petición y cabildeo de las formas de oportunismo que hacen pasar decisiones favorables a un interés como si fuesen el verdadero interés general es labor del Estado y, dentro de él, del legislador. De este, identificar las prácticas que deben evitarse y la manera de corregirlas mediante reglas aplicables e instituciones que las hagan cumplir fehacientemente. No contamos con esas herramientas en forma suficiente. De ahí que se observe que el conflicto de interés suele no ser evitado o solamente denunciado sin certeza preventiva o sancionadora.