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Internet y la no-ley de seguridad nacional

INDICADOR POLÍTICO

Con una estructura y estrategia de redes sociales envidiable aunque con resultados irregulares, el gobierno del presidente Peña Nieto acertó en el tema de control del internet en casos de seguridad pública y de seguridad nacional.

Sin embargo, no previó la reacción antisistémica de las redes sociales dominadas por el pánico social: con la reforma a la reforma de la reforma, las leyes secundarias dejarán sueltas las redes cibernéticas para delitos.

De todos modos, el Estado y el gobierno tienen, en los hechos, formas muy estrictas para combatir la inseguridad que se promueve en las redes. De ahí que más importante que meter en la ley de telecomunicaciones el bloqueo a sitios que constituyan delitos tipificados, de nueva cuenta llegó la oportunidad para rehacer y establecer cuando menos tres leyes colaterales: la ley de seguridad nacional, la ley de inteligencia y la ley de seguridad interior.

Las protestas callejeras violentas contra la ley de telecomunicaciones llevaron una marca indeleble: los anarquistas que luchan contra cualquier regulación estatal; pero si México ve crecer con impotencia el uso de las comunicaciones para delitos como extorsión, secuestro virtual y amenazas, ahora comienzan los delitos vía internet absolutamente libre: extorsiones, robo de identidades, espionaje, delincuencia organizada, prostitución, lavado de dinero y muchos otros.

Al Estado, al gobierno y a las instituciones políticas y judiciales les ha faltado una estrategia de operación política para convertir la lucha contra delitos en un tema de interés social. La iniciativa de ley de telecomunicaciones decía muy claro que se bloquearían sitios y comunicaciones cibernéticas que atentaran contra la seguridad pública y la seguridad nacional por medio de una orden de la autoridad competente, de hecho una reproducción de lo que dice la Constitución en materia de espionaje telefónico.

Poner un coto al libertinaje delincuencial en internet debe ser prioridad de la seguridad pública. El tema de las intercepciones telefónicas dejó de ser un asunto político cuando los ciudadanos encontraron en las leyes obstáculos para su uso legal. Todas las personas que han sido víctimas de chantaje virtual vía teléfonos --cada vez más-- han aceptado la necesidad de regular venta y libre circulación de las líneas.

El tema central no fue entendido por diputados ni senadores, cuyos legisladores tienen que navegar en un mar de presiones e intereses y con una opinión pública que ha sustituido el análisis y la sensibilidad política y social por el escarnio y la alimentación de pasiones violentas. Y la sociedad antisistémica tampoco se ha percatado que con ley o sin ley de todos modos el Estado y el gobierno tienen los instrumentos legales para regular en la práctica delitos en internet.

El problema, por tanto, radica en la necesidad de que se creen nuevas leyes para funcionalizar, regular y acreditar en la práctica la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional. Además, la sociedad, los funcionarios y legisladores y la opinión pública le deben a las fuerzas armadas, sobre todo al ejército que es la principal línea de combate contra las mafias y cárteles, una garantía de legalidad con nuevas disposiciones legales y doctrinales sobre las tres seguridades que tienen que ver con la estabilidad de la república.

Todavía el gobierno no alcanza a poner orden en la lucha contra el crimen organizado en las calles y plazas y ya enfrenta la nueva delincuencia organizada: las bandas vía internet. Por ahora, la PGR tiene organismos contra el crimen cibernético; pero no falta mucho para que la sociedad agraviada por delitos cibernéticos --que van en ascenso-- exija que pongan restricciones al uso del internet, aunque para entonces quizá sea ya demasiado tarde.

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