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Invasión federal

Es fundamental detener las acciones de autodefensa emprendidas por grupos de ciudadanos particulares en Michoacán, pero igualmente replicadas, antes o después que las de Michoacán, en otras entidades de esta frágil federación.

Mayor la emergencia si, como en Tierra Caliente, la respuesta de los delincuentes a la campaña en su contra de los ciudadanos derivó en una guerra generalizada en la informal condición de enfrentamiento entre grupos, que no han podido apagar las autoridades estatales.

La fatal omisión es sin duda atribuible al gobernador priista, Fausto Vallejo, que, a casi dos años de su elección, no acaba de tomar posesión de su cargo y de sus responsabilidades, entre las que se cuentan el establecimiento de la paz y la defensa irrenunciable de la ciudadanía y el territorio michoacanos.

No necesito detallar para usted el reporte de la guerra en Michoacán. Los medios de comunicación lo han hecho todos los días de este joven año con imágenes y estadísticas mortales terribles.

Todos los mexicanos miramos el escenario michoacano con miedo mal disimulado, alimentado por el fantasma de la expansión del fenómeno a otras entidades que, como se lo escribí líneas arriba, ya sufren, aunque todavía no tan gravemente, las consecuencias de la irresponsabilidad incompetente de autoridades locales y federales débiles y acobardadas.

Guerrero presenta también peligrosas expresiones del enfrentamiento entre milicianos populares y delincuentes, ambos grupos consentidos en su operación por la abdicación del gobierno local a su misión principal.

De seguir así no es fantasioso pensar que pronto el territorio nacional todo será escenario de una guerra entre facciones ciudadanas, buenas y malas, consentida por autoridades que deberían impedirla.

El gobierno federal tiene miedo y está justificado. Una guerra generalizada de milicianos contra delincuentes colapsaría al régimen, como ya ha colapsado a los gobiernos de Michoacán y de Guerrero. Pero atacar la irregularidad con otra irregularidad no arreglará la situación, sino al contrario, la prolongará indefinidamente. La decisión federal de mandar un vigilante federal a sustituir a los vigilantes ciudadanos en su lucha contra los narcos es un error.

El presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ambos exgobernadores, discurrieron mandar un comisionado a hacerse cargo de las tareas a las que abdicó el gobernador michoacano. Pero ello sin promover el reconocimiento del estado de guerra o de emergencia ni, mucho menos, el desconocimiento del Ejecutivo estatal por su Congreso que, en nombre de los ciudadanos, debería decidir lo conducente para enfrentar el colapso del régimen estatal.

El comisionado plenipotenciario designará su procurador y su jefe policiaco, quienes le reportarán a él, no al gobernador, que no puede estar más fuera de la jugada.

Presidente y secretario fueron gobernadores. ¿Qué hubieran hecho si su presidente les hubiera mandado un alto comisionado a moverles el caldo en Toluca o Pachuca? Y hubo vacíos de autoridad que lo ameritaban, siguiendo el criterio de Morelia, como el caos legal en Edomex durante el mandato del gobernador Peña Nieto por el asesinato de la niña Paulette Gebara Farah, del que fue fiscal el ahora comisionado federal, después de haber sustituido al investigador original. Cuatro años después, el caso sigue siendo un misterio sin solución razonable.

Si no hay estado de emergencia declarado ni juicio político al gobernador por incompetencia criminal, el comisionado federal es tan irregular como las autodefensas y tan delictivo como los narcos: el gobierno federal está invadiendo un estado libre y soberano y atropellando y derrocando un gobierno legal electo por el pueblo.

A Peña no le queda ni le conviene apachurrar ilegalmente, aunque sea para ayudar, a un gobierno estatal constitucional popularmente electo y, menos, a sus autodefensas populares. Es improcedente y peligroso. Promovamos el juicio político, llamemos a la guerra por su nombre y, entonces sí, que venga la invasión federal.

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