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Inversiones y derechos

Se le regatean facultades expresas al Ifetel, se minimizan los derechos de usuarios y audiencias y se mantiene en el rincón a la radio social.

En las negociaciones sobre la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el gobierno buscaba promover nuevas inversiones, en especial de capital extranjero. El planteamiento gubernamental inicial, dentro del Pacto por México, era notoriamente pobre. Las oposiciones (PRD-PAN) entraron a un diálogo entre ellas con el propósito de proponer una reforma completa y amplia, podría decirse ambiciosa, para crear una nueva institución autónoma con amplias facultades y establecer nuevos derechos de los mexicanos.

La negociaciones fueron largas y se integró también la reforma del sistema de regulación de la competencia económica dejando esta materia al Ifetel en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cual es algo, digamos, heterodoxo y raro pero adecuado a un país altamente monopolizado.

La figura de preponderancia fue creada como traje a la medida de Televisa y América Móvil. Estos son los preponderantes que deben estar sometidos a regulaciones especiales y urgentes. Esa fue una decisión política de Estado. No obstante, el gobierno propone ahora que Televisa no sea preponderante en el sector de radiodifusión ya que no tiene el 50 por ciento de la audiencia tomando en cuenta la radio. La Constitución, sin embargo, fue redactada para declarar preponderante a cualquiera que lo sea en "la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones" y ya se sabe que tales servicios son radio, televisión abierta, televisión restringida, internet, telefonía, satélites, según dice el segundo transitorio del mismo decreto, donde se añade que las medidas de fomento a la competencia deben aplicarse en todos los segmentos para garantizar en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. Además de que Televisa es preponderante en el servicio de televisión abierta (radiodifusión) también lo es en televisión restringida que corresponde al sector de telecomunicaciones.

Y así como éste hay otros temas en los que el texto o el espíritu de la reforma constitucional es negado en la iniciativa del gobierno pues también se le regatean facultades expresas al Ifetel, se minimizan los derechos de usuarios y audiencias y se mantiene en el rincón a la radio social.

Otro ejemplo es la reforma del artículo 6º. de la Constitución con la cual se crea un organismo descentralizado "con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión…". Los bienes del organismo creado por Calderón mediante decreto presidencial (OPMA) pasarán al nuevo, pero eso no significa que también se transfiera su objeto puesto que aquél se creó para promover la radiodifusión y a éste se le ha conferido el proveer, lo cual es sensiblemente diferente. Además, la Constitución dice que el nuevo organismo "contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva", nombrado directamente por el Senado. Pero el gobierno pretende convertir al consejo ciudadano en uno consultivo sin ninguna facultad. Todo, bajo la jefatura de la Secretaría de Gobernación, como antes. Lo que se convino fue la formación de una cadena nacional de radio y televisión pública capaz de ser una opción cultural e informativa pluralista e independiente. Así está expuesto en el artículo 6º. y en los transitorios del decreto.

El gobierno está suponiendo que con unos seis senadores díscolos puede imponer una legislación secundaria al revés. Se basa quizás en los Lozano para proteger a algunos concesionarios y a sí mismo. El diferendo sin embargo continuaría en los recursos de inconstitucionalidad. Nadie las puede ya tener todas consigo.

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