Opinión

Derecho humano a la privacidad

SOCIEDAD Y DERECHO

Por  Juan Bautista Lizárraga Motta

Un joven utilizando su celular para acceder a noticias.(Foto: El Debate / Marco Ruiz)

Un joven utilizando su celular para acceder a noticias. | Foto: El Debate / Marco Ruiz

El derecho a la intimidad está inseparablemente relacionado con la propia DIGNIDAD HUMANA, por lo que constituye uno de los mayores bienes tutelados por nuestro sistema jurídico.

El segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que:

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“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá́ los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

El párrafo anterior, adicionado al artículo 16 constitucional el primero de junio de 2009, debe su incorporación a nuestro sistema jurídico, con rango de derecho fundamental, a las interpretaciones hechas principalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al artículo 11, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: el deber del Estado frente al derecho de los gobernados a decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de los individuos que integran la sociedad, y que conlleva la obligación de dejarlos exentos e inmunes a invasiones agresivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública.

Los medios de comunicación digitales que utilizan las nuevas tecnologías de la información existentes en la web, como las redes sociales, tienen un IMPACTO mucho mayor que el de la prensa tradicional, dado que facilitan la difusión y durabilidad del contenido de la información compartida, al permanecer de manera indefinida en los medios electrónicos en los que se publican, sin restricción territorial alguna, llegando además a más gentes, provocando una constante invasión a los derechos fundamentales de las personas, como su intimidad, su honor, reputación, vida privada y dignidad.

Peor aún, con el fácil acceso a las herramientas tecnológicas, como smartphone y computadoras personales, ahora cualquier persona, sea comunicador o no, puede compartir imágenes, videos e información personal prácticamente de quien se le antoje, sin el consentimiento del afectado, lo que ha provocado un gravísimo problema en cuanto a violación constante de la vida íntima de los individuos y de su derecho humano a la privacidad.

Si bien, el primer párrafo del artículo 6.º de la Constitución Federal dispone que: “La manifestación de las ideas no será́ objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, no obstante, “sí podrá ser objeto de regulación, en aquellos casos en los que lo expresado en dichas comunicaciones constituyan ataques a la moral, la vida privada o a los derechos de terceros o que provoquen algún delito o perturben el orden público”.

Por su parte, el artículo 7.º constitucional prevé que: “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y, que las autoridades no pueden restringir este derecho”, por lo que ninguna ley puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, PERO, QUE ESTA TIENE COMO LÍMITES los mismos supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 6.º de dicha ley suprema ya mencionados con anterioridad: ataques a la moral, la vida privada o a los derechos de terceros.

En conclusión, el derecho a expresar ideas y opiniones se encuentra constitucionalmente garantizado, sin que pueda ser restringido o limitado previamente por ninguna ley o autoridad, pero, cuando el contenido de estos generen daños en el patrimonio afectivo e intangible de las personas, sí se podrá prohibir que se continúen difundiendo, y el infractor, encontrado responsable en un procedimiento jurisdiccional en el que se haya respetado el derecho humano de debido proceso, podría quedar obligado al pago, a favor de la víctima, de los daños y perjuicios que le haya ocasionado.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado, pero, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!

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