Opinión

Facturas ilícitas, incertidumbre legal para el contribuyente

SOCIEDAD Y DERECHO

Por  Juan Bautista Lizárraga Motta

El pasado 16 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la fracción III del artículo 113 y la adición del 113 bis, ambos del Código Fiscal de la Federación.

En el primero se imponen sanciones de tres meses a seis años de prisión al que adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, en tanto que el “bis” prevé prisión de tres a seis años a quien expida o enajene dichos comprobantes fiscales que amparen alguna de las operaciones mencionadas.

Los artículos aludidos prevén las hipótesis normativas que describen las conductas ilícitas de dos de los delitos contenidos en el capítulo II del Código Fiscal de la Federación, lo que comúnmente se conoce como la venta y adquisición de facturas falsas.

Lo que llama la atención de la reforma es que, en tanto que el artículo 92 del mismo código dispone, en sus tres primeras fracciones, que para proceder penalmente por los delitos previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114 del mencionado capítulo II, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella apoyada en elementos arrojados en el procedimiento administrativo instaurado previamente en contra del contribuyente, que hagan suponer la comisión de alguno de los ilícitos mencionados en esos preceptos legales; en el caso de los artículos 113 y 113 bis, permite que la denuncia ante el Ministerio Público Federal la haga cualquier persona (no nada más Hacienda), y además, sin que sea necesario que esta se apoye en ningún procedimiento o auditoría previos.

No hace sentido el que la ley permita la presentación de denuncias por delitos relacionados con facturas ilegales, ya que para determinar ello, o por lo menos suponerlo, es necesario e indispensable que se lleve a cabo un acto de fiscalización previo por parte de la autoridad hacendaria.

Es decir, si no hay una auditoría o procedimiento previos de cuyas diligencias se vea o se suponga que no se prestó el servicio o producto que ampara la factura o que, de existir, estos parecen ser falsos o simulados, no habrá manera de contar con algún indicio o elemento que haga sospechar siquiera la ilicitud del comprobante fiscal en cuestión.

La única facultada para realizar actos de fiscalización respecto a la legalidad de comprobantes fiscales es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo que, si un particular denuncia la ilicitud de comprobantes fiscales por alguna de las hipótesis previstas en los artículos 113, fracción III y 113 bis, y esta es aceptada y radicada por el Ministerio Público Federal, sin contar con elementos que hagan suponer siquiera esta, se estará presuponiendo, sin elemento alguno, la supuesta culpabilidad del contribuyente en cuestión.

El que la ley ahora permita la posibilidad de la interposición de denuncias penales por el simple dicho de cualquier persona, sin sustento ni elemento alguno, respecto a la ilicitud de comprobantes fiscales y, por tanto, la integración de carpetas de investigación e instauración de procedimientos acusatorios en contra de los contribuyentes, resulta violatorio del derecho humano de presunción de inocencia de estos.

El derecho humano de presunción de inocencia previsto en el artículo 20, apartado “B”, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el 8.º, numeral 2, inciso “g”, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, supone que no es posible formar una convicción sobre la culpabilidad de una persona sin que existan elementos determinantes que así lo indiquen, los cuales tienen que ser resultado de un procedimiento legal en el que se hayan respetados sus formalidades esenciales y el derecho de ofrecer pruebas, formular alegatos y defensa al acusado.

Por tanto, además de que, presentar denuncia por falsedad del contenido de facturas sin contar con ningún indicio que haga suponerlo implica considerar, de manera indebida, sin fundamento y de forma anticipada la culpabilidad del contribuyente, lo que sin lugar a dudas constituye una flagrante violación a su derecho humano de presunción de inocencia, también transgrede en su perjuicio su derecho humano de garantía de audiencia, previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, al no haberle dado la oportunidad de que, en un procedimiento de fiscalización previo, se defendiera de dicha acusación ofreciendo pruebas y alegando a su favor.

Adicionalmente, la situación se vuelve todavía más delicada, al prever el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación la posibilidad de que el delito se persiga como defraudación fiscal, por derivarse del uso de documentos falsos (los comprobantes fiscales), y que por ello, se adminicule e investigue simultáneamente este con el delito de: “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, o como comúnmente se le conoce, delito de lavado de dinero, (previsto en el ar-tículo 400 bis del Código Penal Federal), el cual, al ser considerado como grave, no operaría a favor del acusado el beneficio del procedimiento abreviado ni la reducción de la pena mínima, previstos en el sistema penal acusatorio, así como tampoco la posibilidad de libertad condicional.

En definitiva, debe adecuarse la legislación fiscal para dar mayor certeza jurídica, así como para generar certidumbre y garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Como siempre un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!