Opinión

Inadmisibilidad del amparo promovido por órganos de Gobierno actuando como autoridades

SOCIEDAD Y DERECHO

Por  Juan Bautista Lizárraga Motta

Los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo establecen quién tiene el carácter de quejoso y quiénes pueden promover el juicio de amparo.

Por su parte, el artículo 7 de la misma ley dispone que: “La federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares (…)”

El artículo 7 de la Ley de Amparo expresa claramente que: las personas morales de derecho público pueden ejercitar, excepcionalmente, la acción constitucional, en los casos en que la ley, acto u omisión que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, pero solo cuando en aquellas relaciones se ubiquen en un plano de igualdad con los gobernados.

Los entes oficiales pueden actuar con un doble carácter: por un lado, están dotados de poder público, pero también, para ciertos actos, son considerados como personas morales de derecho privado. Por lo que para definir la procedencia del juicio de amparo promovido por dichos órganos de Gobierno será necesario determinar con claridad el vínculo generado por ellos para con los particulares que intervinieron en la relación jurídica respecto de la que tuvo lugar el acto reclamado. Por lo que si las personas morales públicas intervinieron en el acto generador del reclamo en su calidad de autoridades, no tendrán derecho a promover el juicio constitucional.

Ello es debido a que el juicio de amparo es un medio de defensa a favor de los particulares contra actos de autoridad que transgredan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección.

Tales derechos y garantías constituyen restricciones al poder público, en tanto que reconocen las prerrogativas elementales a favor de los gobernados, así como la obligación de las autoridades de adecuar los actos que emitan en el ejercicio de sus funciones al marco Constitucional.

En ese sentido, el artículo 7 de la Ley de Amparo señala un caso de inadmisibilidad del juicio constitucional por razones de seguridad jurídica, pues la distinción que prevé es acorde y congruente con la naturaleza del amparo como medio de control del poder público en favor de los gobernados.

En consecuencia, la condición para que las personas morales de derecho público puedan ejercer la acción de amparo se actualiza cuando el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales que haya derivado de una relación en que se ubiquen en un plano de igualdad con los gobernados, dado que en esencia la finalidad de los derechos humanos y sus garantías son la de limitar al poder público y salvaguardar los derechos fundamentales del individuo. Sostener lo contrario iría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes prevista en el artículo 14 constitucional.

En razón a ello, deberá desecharse o en su caso, sobreseerse el juicio de amparo por un motivo manifiesto de improcedencia, sin entrar al estudio del fondo del asunto, cuando este haya sido promovido por órganos de Gobierno que intervinieron como autoridades y no como sujetos de derecho privado, en el evento generador que dio origen al acto reclamado. Y en el caso de que sí se admita y se analice la sustancia del amparo, los conceptos de violación formulados resultarán inoperantes por inatendibles, pues al estar impedidas dichas autoridades para promover el juicio constitucional, lo estarán también en consecuencia para expresar los argumentos, motivos y razones en los que se fundamente su reclamo.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!